En Zaragoza, el sindicato CCOO Aragón ha presentado un preocupante informe que revela que la cifra de enfermedades profesionales registradas en la comunidad alcanzó los 1.206 casos en 2023. Sin embargo, según sus estimaciones, esta cifra podría duplicarse anualmente si se estableciera un sistema adecuado de detección de estas patologías. El estudio enfatiza especialmente la subestimación de los casos de cáncer relacionados con la exposición laboral, donde solo se han reportado dos casos en el último año, en comparación con los 31 que, según sus cálculos, debieran haber sido declarados.

En una rueda de prensa, Luis Clarimón, secretario de salud laboral de CCOO Aragón, y David Chico, técnico en prevención de riesgos laborales, denunciaron que el sistema actual de detección permite que muchas enfermedades profesionales sean catalogadas erróneamente como enfermedades comunes ante las mutuas. Esto hace que la Seguridad Social asuma los costos de tratamientos, lo que a su vez resulta en una falta de notificación a los organismos de prevención dentro de las empresas y, en consecuencia, se impide una reevaluación de los riesgos laborales.

Clarimón destacó casos alarmantes que muestran el absurdo del proceso de reconocimiento en las mutuas. Por ejemplo, una mujer diagnosticada con epicondilitis fue cuestionada sobre si su dolencia se debía a levantar a sus hijos, mientras que un hombre con problemas en el codo fue sugerido que su afección se debía a jugar al tenis, a pesar de que nunca había tocado una raqueta en su vida.

La situación se vuelve más crítica con los datos sobre casos de cáncer, que en muchas instancias no se vinculan con la actividad laboral del afectado. Según las cifras del informe, Aragón solo reconoció dos casos de cáncer profesional en 2023, lo que contrasta drásticamente con los 6.559 casos reportados en Alemania en 2016, evidenciando una grave falta de reconocimiento y registro en España.

David Chico resaltó que, utilizando una simple extrapolación basada en los datos del País Vasco, debería haberse registrado un total de 31 casos de cáncer laboral en Aragón, sin embargo, solo se reconocieron dos. Esta cifra revela una alarmante inconsistencia en la detección de enfermedades laborales en la comunidad.

Además, Clarimón subrayó que el cáncer es la principal causa de muerte en España y que un 5% de todos los casos se vinculan con condiciones laborales. Es particularmente preocupante que la mayoría de los casos de cáncer reconocidos en Aragón estén relacionados con el amianto, una sustancia con prolongados períodos de latencia, lo que provoca que las estadísticas sean menores, ya que se reconocen más casos de los que realmente ocurren.

El informe también pone de manifiesto que los cánceres de piel vinculados a la exposición solar y otras enfermedades relacionadas con químicos o biológicos no están siendo adecuadamente reconocidos. Clarimón hizo hincapié en la lenta justicia que enfrentan los trabajadores que buscan que sus afecciones sean consideras como enfermedades laborales, a menudo enfrentando procesos que se extienden hasta diez años, en ocasiones con el desenlace trágico de que los afectados fallecen antes de que su caso sea resuelto.

Para abordar esta problemática de subregistro y mal reconocimiento, el Gobierno de Aragón tiene previsto implementar una nueva aplicación, infoEP, herramienta que los sindicatos han demandado durante años. Se espera que esta iniciativa mejore la detección de las enfermedades laborales y, por ende, proporcione un soporte más eficiente a aquellos que buscan ayuda en las mutuas.

De acuerdo con los datos del informe, el perfil típico de los trabajadores afectados por enfermedades profesionales en Aragón es el de una mujer de entre 45 y 49 años, mayoritariamente empleada en servicios o en la industria manufacturera. Este grupo presenta un alto número de casos de trastornos musculoesqueléticos asociados con posturas inadecuadas y movimientos repetitivos.

A pesar de la naturaleza severa de muchas de estas condiciones, un porcentaje considerable de ellas no resulta en bajas laborales. El informe revela que las trabajadoras tienen una tasa de incidencia de enfermedades profesionales mayor que la de sus pares masculinos en prácticamente todos los sectores, excepto en la construcción, donde la presencia femenina es mínima.

Los datos reflejan un patrón de infradeclaración que afecta sobre todo a mujeres, evidenciando la urgente necesidad de mejorar los sistemas de notificación y prevención en el entorno laboral. Aunque la Ley establece que las mutuas son responsables de reconocer y gestionar adecuadamente las patologías laborales, en la práctica, muchas de estas situaciones se camuflan como contingencias comunes, llevando a la Seguridad Social a asumir su costo.

En general, el 56,4% de las enfermedades profesionales reconocidas no se traduce en bajas, lo que suma a la normalización del dolor físico dentro del entorno laboral, donde el tratamiento se gestiona a través de medicamentos en lugar de mediante un enfoque preventivo adecuado. La industria y los servicios constituyen más del 90% de los casos reconocidos, con una preocupante concentración en ciertas empresas que superan los límites legales de siniestralidad.

Clarimón resalta que un abrumador 87,81% de las enfermedades laborales en Aragón son consecuencia de posturas forzadas y movimientos repetitivos, riesgos que las evaluaciones actuales apenas detectan, lo que subraya la necesidad de implementar evaluaciones específicas. En cuanto a la incidencia de enfermedades entre trabajadoras en el sector industrial, las cifras son alarmantes, con un índice de incidencia casi el doble que el de los hombres.

Regiones como Navarra, Murcia, La Rioja y el País Vasco se destacan por su eficacia en el reconocimiento de enfermedades profesionales, una práctica que ha permitido registrar un mayor número de patologías laborales. Si Aragón adoptara un enfoque similar, se estima que se podrían haber reconocido alrededor de 1.900 casos adicionales.

El informe concluye indicando que el costo económico de las enfermedades laborales en España es desproporcionado, alcanzando los 45.000 millones de euros a nivel nacional y 1.300 millones solo en Aragón. Clarimón advirtió que esta cifra supera con creces lo que costaría una inversión adecuada en prevención y salud laboral.