Una red de explotación inmobiliaria ilegal ha sido desmantelada por la Policía Nacional, que detuvo a un individuo en Utebo, Zaragoza, acusado de obtener alrededor de 25.000 euros mensuales mediante prácticas ilícitas a través de la conversión de locales comerciales en infraviviendas. Dichas estructuras, que albergaban condiciones deplorables, eran utilizadas para albergar a personas en situaciones vulnerables.

La intervención de las autoridades se produjo el 26 de mayo, cuando se llevaron a cabo desalojos en dos locales ubicados en la urbanización Parque Roma. En el interior, los agentes encontraron un total de 32 habitaciones y 103 camas, muchas organizadas en literas, que provenían de la ocupación de más de 120 residentes, en su mayoría de origen extranjero y en situación administrativa irregular.

Las condiciones de vida dentro de estos locales eran alarmantes, con evidentes fallos en higiene y seguridad. No se contaba con luz natural ni ventilación, y los espacios estaban desbordados de enseres personales y materiales peligrosos, como cables eléctricos en mal estado.

El Ayuntamiento de Zaragoza, consciente de la gravedad de la situación, activó recursos de emergencia para ofrecer alternativas habitacionales a los más afectados, mientras que un día después, un local en la avenida San José también fue desocupado por sus ocupantes, quienes temían el desalojo judicial inminente.

La detención del sospechoso se produjo el 18 de junio después de varios meses de investigación por parte de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). En su hogar, los agentes confiscaron 10.000 euros en efectivo y documentación que denotaba una estructura de operación fraudulenta, incluyendo contratos de arrendamiento irregulares.

Los agentes también encontraron dispositivos electrónicos con información crucial para el caso y un datáfono utilizado para gestionar los pagos por el alquiler de las camas y el acceso a servicios básicos, que, reiteramos, eran obtenidos de manera ilegal.

La investigación ha revelado diversos delitos en los que está implicado el detenido, entre los que destacan la estafa, la falsedad documental y la defraudación de servicios básicos. Tras comparecer ante la autoridad judicial, se le otorgó la libertad con cargos, mientras las investigaciones siguen abiertas para esclarecer la existencia de otros inmuebles vinculados y posibles cómplices en esta red delictiva.

A partir de enero de 2025, la UDEF se puso a trabajar tras recibir avisos sobre el uso de locales comerciales como viviendas clandestinas, sin cumplir las normativas de habitabilidad. La coordinación entre distintos cuerpos de la policía y los servicios municipales fue vital en el proceso, contribuyendo así a un operativo minucioso y bien estructurado.

El Servicio de Urbanismo del Ayuntamiento elaboró informes que evidenciaron la falta de licencias y los problemas estructurales de los inmuebles. Por su parte, el Cuerpo de Bomberos evaluó los riesgos de las instalaciones eléctricas, mientras que la Policía Local colaboró en la intervención y el monitoreo del estado de los locales.

Los agentes también analizaron en detalle la documentación relacionada con los alquileres y los testimonios de los inquilinos, lo cual fue fundamental para establecer el mecanismo de la operación fraudulenta, que se basaba en explotar la precariedad de muchas personas, quienes se veían obligadas a pagar precios exorbitantes por alojamientos que ni siquiera cumplían con las más básicas condiciones de seguridad e higiene.

Por último, cabe destacar que el acusado habría llegado a cobrar hasta 200 euros mensuales por cada cama, sumando costos adicionales por servicios básicos que eran, en realidad, obtenidos de manera fraudulenta. Con esta serie de prácticas, el habitual operador de este esquema obtuvo beneficios mensuales cercanos a los 25.000 euros, además de haber causado daños económicos significativos a la propiedad pública, que se estiman en más de 100.000 euros.