En la sesión celebrada el 16 de mayo en las Cortes de Aragón, el consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, dejó entrever que la aprobación de los presupuestos autonómicos para este año podría no llevarse a cabo, aunque no cerró la puerta completamente a esa posibilidad.

Durante un intenso debate con el diputado de Vox, Fermín Civiac, centrado en el tema de la fiscalidad, Bermúdez de Castro puntualizó que para instaurar una reducción de impuestos es indispensable contar con una ley específica o, en su defecto, con los presupuestos de la comunidad autónoma.

El consejero también advirtió que una reducción fiscal que no esté contemplada en una ley extraordinaria para los pequeños municipios no resulta viable. Reiteró la necesidad de elaborar una ley concreta o de tener presupuestos que, a la vista de la situación actual, podrían no materializarse hasta el año 2025. Esta incertidumbre generaría un impacto significativo en la planificación del gasto público regional.

La postura del Gobierno aragonés es clara: buscan estructuras tributarias más equitativas que se alineen con las necesidades financieras de la comunidad. Sin embargo, Bermúdez de Castro resaltó que Aragón no cuenta con grandes márgenes para ajustar su gasto público, lo que complica cualquier intento de disminuir la carga fiscal.

El consejero hizo hincapié en que la comunidad enfrenta un problema de financiación en comparación con otras regiones, lo que implica que los servicios públicos son notablemente más caros en su territorio. Explicó que no sería factible una disminución del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales al 4% para todas las viviendas, ya que esto supondría una pérdida de ingresos de 100 millones de euros. También señaló la necesidad de recortar otros gastos si se desea reducir el impuesto de sucesiones.

Además, Bermúdez de Castro rechazó las propuestas fiscales de Vox a nivel nacional, argumentando que una ausencia de recaudación fiscal afectaría la posibilidad de ofrecer servicios públicos sostenibles. Defendió una reducción de impuestos que sea responsable y que no comprometa la calidad de estos servicios esenciales.

Por su parte, Fermín Civiac, representante de Vox, argumentó que tanto su partido como los votantes del PP desean que se produzcan rebajas fiscales. Recordó que el Gobierno ha sugerido una reducción en el impuesto de transmisiones patrimoniales para la compra de viviendas, considerándola una medida crucial para reactivar este sector, pero cuestionó cuándo se abordará la disminución del impuesto de sucesiones, que calificó de inmoral y confiscatorio.

Civiac también hizo alusión a las recientes deducciones en el IRPF anunciadas por el Ejecutivo, pero criticó que estas aún no beneficien a un número significativo de familias. Mencionó que el programa electoral del PP había prometido una reducción en este impuesto y que ahora el Gobierno no puede eludir esa promesa al argumentar que Vox es el impedimento para avanzar en ella.

Finalmente, el parlamentario de Vox dejó claro que no se sentían obligados a apoyar cualquier iniciativa del Gobierno. Reiteró que la responsabilidad de presentar un proyecto presupuestario recae sobre este último y vaticinó que las rebajas fiscales se implementarían en los últimos compases de la legislatura.