ARAGÓN, 13 de marzo. El consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, ha manifestado la intención del Gobierno de Aragón de clarificar las normativas que regulan los vehículos de transporte con conductor (VTC) en la región. Esta aclaración tiene como objetivo respaldar la imposición de sanciones a aquellos que no cumplan con la legislación vigente.

En un encuentro celebrado este jueves, el consejero trasladó esta propuesta al presidente y al vicepresidente de la Asociación Provincial de Auto Taxi de Zaragoza, Miguel Ángel Perdiguero y Míchel Izaguerri, respectivamente. Durante la reunión, López reafirmó el compromiso de su departamento de avanzar en la elaboración de una futura norma autonómica que regule adecuadamente el sector de los VTC en Aragón, un compromiso adquirido hace nueve meses.

La meta del Ejecutivo regional es asegurar el cumplimiento de la Ley 16/1987, del 30 de julio, que ordena los transportes terrestres a nivel nacional, así como de la Ley 14/1998, del 30 de diciembre, referente a los transportes urbanos en la Comunidad Autónoma de Aragón. Estas leyes son pilares fundamentales para la organización del transporte y para asegurar la competencia leal entre los diferentes medios de transporte disponibles.

Por este motivo, el Departamento de Fomento ya ha comenzado la redacción de una nueva disposición que buscará aclarar los aspectos legales respecto a los VTC. Esta medida pretende ofrecer seguridad jurídica tanto a los cuerpos sancionadores como a los agentes de la autoridad, facilitando así la aplicación de las sanciones pertinentes a aquellos que operan sin la debida autorización para el transporte de pasajeros.

La reunión tuvo lugar en un contexto marcado por las movilizaciones del colectivo de taxistas. Este grupo ha expresado su descontento ante la llegada de nuevas plataformas de intermediación y ha interpuesto recientemente un recurso contencioso-administrativo demandando la inmovilización de vehículos que están en incumplimiento de la normativa actual.

Ante las recientes decisiones judiciales y la normativa vigente, el Departamento de Fomento se compromete a aclarar cualquier aspecto de ambas legislaciones, tanto la estatal como la autonómica, que podría dar lugar a confusiones sobre las circunstancias que autorizan a los agentes de la autoridad a inmovilizar vehículos.