En un claro rechazo a la política migratoria del Gobierno central, la consejera de Bienestar Social y Familia de Aragón, Carmen Susín, ha declarado este miércoles que su región no colaborará en el reparto de menores migrantes no acompañados. Susín argumenta que el decreto firmado por el Ejecutivo de Sánchez y la formación Junts infringe el principio de igualdad entre ciudadanos españoles, y anunció que se interpondrá un recurso ante el Tribunal Constitucional, extendiendo sus esfuerzos hasta las instancias europeas para frenar lo que considera un acuerdo que solo favorece al presidente.

Durante una conferencia de prensa, la consejera evitó entrar en la cuantificación de menores acogidos en la comunidad o detalles sobre la financiación necesaria para este proceso. Aseguró que el decreto establece un reparto forzoso de menores desde territorios con alta saturación, como Canarias o Ceuta, argumentando que este enfoque prioriza los intereses políticos de Sánchez por encima del bienestar de los niños involucrados.

“Aragón no se adherirá a un pacto que se basa en la desigualdad y la xenofobia”, afirmó Susín, enfatizando que lo primordial es la “quiebra” de la igualdad entre comunidades autónomas. Aunque los datos de enero mostraban la existencia de 104 plazas disponibles para menores, la realidad es que había 197 ocupadas, lo que representa una ocupación del 189%.

La consejera describe el sistema de acogida en Aragón como “desbordado” debido a lo que ella califica como "una política de puertas abiertas" del Gobierno español, que, según dice, está fomentando la llegada masiva de migrantes en diversas categorías.

Al ser cuestionada sobre cómo se asegurará el principio de igualdad en comunidades como Canarias o Ceuta, que luchan con la saturación migratoria, Susín sugirió que corresponde al Gobierno central respetar y aplicar este principio. En referencia a un recurso de inconstitucionalidad que anunció el presidente del Gobierno aragonés, Jorge Azcón, mencionó que los servicios legales están trabajando en ello, aunque aún no hay una fecha definida para su presentación.

Desde el Gobierno aragonés se sostiene que cualquier traslado o reubicación de menores debe atender a los derechos de los extranjeros y requiere una regulación por ley orgánica, no a través de un decreto que altera una ley existente sobre extranjería. Además, el decreto actual afecta competencias autonómicas, al imponer obligaciones a las comunidades para mover menores de un lugar a otro sin el debido proceso de cooperación previsto.

Susín enfatizó que el argumento más significativo es que se está quebrantando la igualdad entre comunidades en cuanto a los criterios de reubicación, y lamentó que los ciudadanos de Aragón puedan ser perjudicados en función de las ambiciones políticas de Pedro Sánchez. También señaló que es inaceptable que un acuerdo firmado por un político perseguido por la justicia imponga decisiones sobre Aragón, refiriéndose a Carles Puigdemont de Junts.

De acuerdo con Susín, los menores más vulnerables se están convirtiendo en “rehenes” de negociaciones injustas que cuestionan su dignidad a cambio de intereses políticos. Alertó sobre la creación de “una España a dos velocidades” bajo la administración de Sánchez, enfatizando que los aragoneses no pueden ser cómplices de decisiones impuestas por quienes desean fragmentar el país.

En sus declaraciones, reiteró que las decisiones recientes son infames, afectando desproporcionadamente a ciertas comunidades y perjudicando a Aragón. También planteó interrogantes sobre qué sucederá cuando Cataluña implemente su nueva potestad para expulsar migrantes, cuestionando si esto afectará a localidades aragonesas cercanas como Binéfar o Maella.

Por último, criticó que el decreto fuera presentado en el Consejo de Ministros “a última hora”, lo que considera parte de la falta de transparencia del Gobierno actual. Aseguró que la crisis migratoria debe ser abordada como un tema de Estado, y no desde la urgencia de un gobierno que desatiende el diálogo con las comunidades autónomas, priorizando los intereses de quienes buscan fraccionar España. Exigió transparencia, reiterando la importancia de conocer los datos de acogida de menores en el conjunto de las autonomías y recordando que aún no se ha convocado una conferencia sectorial prometida sobre este asunto.