El pasado 2 de octubre, en Zaragoza, el consejero de Fomento, Vivienda, Movilidad y Logística del Gobierno de Aragón, Octavio López, hizo un llamado a la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez. En su mensaje, advirtió sobre la necesidad de un diálogo más constructivo y el respeto hacia las competencias de las comunidades autónomas en el contexto del nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030.

Durante la Conferencia Sectorial organizada por Rodríguez en el Ministerio, en la que participaron los consejeros de vivienda de distintas comunidades autónomas, López expuso sus preocupaciones sobre la falta de colaboración en la creación de este plan. A pesar de que las autonomías habían demandado una reunión desde hace meses para poder presentar aportaciones, el Ministerio optó por someter a consulta pública un Proyecto de Real Decreto, omitiendo el necesario espacio para la participación de las comunidades.

López criticó la forma en que se está impulsando este plan, argumentando que se trata de una imposición más que de un acuerdo consensuado. “No se busca resolver los retos reales del sector, sino que se imponen ideologías”, declaró, añadiendo que el documento no contempla soluciones a largo plazo y se centra en obtener réditos políticos inmediatos. Para él, la vivienda debería ser un espacio de diálogo y no un motivo de confrontación.

Frente a este escenario, el consejero aclaró que Aragón no está en condiciones de apoyar el plan actual. En cuanto a las propuestas económicas, el Proyecto de Real Decreto plantea un aumento significativo en la inversión en comparación con el programa anterior, que ascendería a 7.000 millones de euros. Sin embargo, esto conlleva una reducción en la financiación estatal, pasando del 75% al 60%, lo que aumentará la carga para las comunidades autónomas.

Además de los cambios en la financiación, se establecen nuevas condiciones para el acceso a los fondos, tales como la protección incondicional del parque de vivienda pública y la creación de un sistema unificado de datos públicos. López se cuestionó la pertinencia de estas exigencias y lamentó la falta de discusiones previas que incluyeran a las autonomías, quienes son las verdaderas responsables en materia de vivienda.

A pesar de la controversia que rodea al Proyecto de Real Decreto, López quiso transmitir un mensaje de confianza a la ciudadanía asegurando que el Gobierno de Aragón está avanzando con su Plan Aragón Más Vivienda, que permitirá la construcción de cerca de 5.000 viviendas públicas en esta legislatura, con más de 2.000 ya en marcha. Se trata de un plan respaldado por una inversión pública de 400 millones de euros, lo que representa un tres veces más en comparación con lo que el Estado aporta a la comunidad autónoma.

La inversión anual de Aragón es de 40 millones de euros, en contraste con los 14 millones que aporta el Ministerio. Esto confirma el compromiso del Gobierno aragonés con la implementación de políticas de vivienda efectivas, que seguirán avanzando independientemente de la aceptación del plan estatal, aunque López subrayó que sería deseable contar con un enfoque más colaborativo por parte del Ministerio.

Asimismo, una mayoría de los consejeros de distintas comunidades han firmado una declaración denunciando la falta de participación en la elaboración del nuevo plan estatal. Entre las comunidades que se han unido en esta queja están Aragón, Galicia, Cantabria, La Rioja, Madrid, Valencia, Extremadura, Andalucía, Murcia, Baleares, Castilla y León, así como las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Esta declaración fue leída por el consejero de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, frente al Ministerio, enfatizando la necesidad de iniciar un proceso colaborativo que asegure una elaboración conjunta y consensuada del Plan Estatal de Vivienda.