ZARAGOZA, 25 de mayo. El Gobierno de Aragón ha informado que durante el año 2024 ha proporcionado atención a un total de 1.804 menores, incluyendo niños y jóvenes, tanto españoles como extranjeros, incluidos aquellos no acompañados. Esta noticia se da a conocer después de semanas de tensión con el Gobierno central, a raíz de un acuerdo entre el PSOE y Junts para la redistribución de 4.000 menores inmigrantes no acompañados que se encontraban en Canarias.

En Aragón, el Ejecutivo ha reivindicado que no hay ningún niño menor de seis años alojado en centros de atención residencial, una situación que consideran ejemplar, como indica un reciente informe de Nuevo Futuro en colaboración con el Ministerio de Juventud e Infancia. Este documento también destaca que las comunidades autónomas que más plazas han cerrado para menores extranjeros no acompañados son Cataluña y Navarra desde 2021.

El Departamento de Bienestar Social y Familia ha reiterado que desde finales de 2023, Aragón está tomando en carga a todos los menores que llegan a la comunidad bajo el programa de protección internacional, aunque sean camuflados entre adultos. La atención a estos menores se lleva a cabo con recursos propios y en conformidad con las competencias establecidas.

En este contexto, el Gobierno de Aragón ha rechazado las recientes declaraciones, por considerarlas despectivas, sobre la atención que se brinda a los menores vulnerables en la comunidad, en especial aquellas realizadas por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, quien utilizó términos como “crueldad” para referirse a la situación.

Desde el Gobierno autonómico subrayan que es el propio Gobierno de España el que aún debe rendir cuentas al Tribunal Supremo sobre su plan para atender a más de mil menores migrantes no acompañados que están bajo la protección de servicios en Canarias.

En relación con el Real Decreto Ley 2/2025, aprobado el 18 de marzo, el Gobierno de Aragón enfatiza que respeta la Ley y cumple con las decisiones judiciales. Sin embargo, cuestiona la constitucionalidad del decreto que impone a las comunidades autónomas repartir a los menores migrantes que se encuentran en Canarias y Ceuta debido a la emergencia migratoria, argumentando que dicho enfoque vulnera acuerdos previos establecidos en conferencias sectoriales.

Los responsables del Gobierno de Aragón han criticado la intención del Gobierno central de imponer regulaciones en colaboración con un partido específico, afirmando que esto no obedece al interés superior del menor y ha sido hecho sin consultar adecuadamente al resto de las comunidades autónomas.

Aragón ha instado al Gobierno central a asumir sus responsabilidades, especialmente en relación a las más de 40 personas bajo el cuidado de servicios sociales del Ayuntamiento de Zaragoza, quienes, tras haber conseguido protección internacional, corren el riesgo de ser expulsados y se ven forzados a vivir en la calle, sobre todo en casos de problemas de salud mental.

Asimismo, el Ejecutivo aragonés ha propuesto que el Gobierno central realice una auditoría sobre las condiciones en las que se atienden a madres con hijos menores en programas de ayuda humanitaria, a fin de asegurar que reciben la asistencia adecuada.

Recuerdan también desde Pignatelli que es responsabilidad del Gobierno de España dotar de personal suficiente las oficinas de la Seguridad Social, que actualmente enfrentan una falta de recursos en Zaragoza para gestionar trámites importantes, como el Ingreso Mínimo Vital, que requerirá del complemento autonómico, además de la actualización de las prestaciones de pensiones no contributivas.

Por último, el Gobierno de Aragón señala la urgencia de que los Ministerios pertinentes aclaren la situación de las familias migrantes trabajadoras que, a raíz de la reciente reforma del Reglamento de Extranjería, podrían verse amenazadas con perder su estatus legal y con ello su seguridad económica.