En la mañana de este lunes se llevó a cabo la XII Conferencia Sectorial de la Inmigración, en la cual Aragón hizo hincapié en la necesidad de abordar la crisis migratoria a través de una Conferencia de Presidentes, rechazando la imposición sin los recursos necesarios.

La consejera de Bienestar Social y Familia de Aragón, Carmen Susín, participó en la reunión a través de videoconferencia junto a la directora general de Inclusión Social y Voluntariado, María Charte.

En relación con la modificación del Reglamento de la Ley Orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, Susín criticó la falta de negociación por parte del Gobierno central y la escasa margen para estudiar el borrador de la propuesta.

Además, Aragón y otras regiones exigieron la convocatoria de la Conferencia de Presidentes para consensuar una política migratoria de Estado y plantear acciones en los países de origen de los migrantes, así como activar mecanismos europeos en materia de inmigración.

Susín calificó la gestión migratoria del Gobierno central como "nefasta", señalando la falta de planificación y transparencia en la misma.

En este contexto, Aragón solicitó la declaración del estado de emergencia migratoria y criticó la falta de coordinación en los recursos de acogida.

La consejera expresó la necesidad de un diálogo con las comunidades autónomas y de recursos económicos para construir una política migratoria sólida.

Las CCAA, incluida Aragón, señalaron que tras finalizar el programa de acogida de refugiados de la guerra de Ucrania, son las comunidades autónomas las que están atendiendo a estos desplazados sin apoyo del Gobierno central.

En la reunión se discutieron informes sobre la situación migratoria actual, la gestión de la llegada de inmigrantes a las costas españolas y la colaboración en la inclusión de los mismos.

En cuanto al programa 17+ para menores migrantes no acompañados, Susín mencionó que el Gobierno de Aragón asume el proceso una vez finalizado el financiamiento del Gobierno central.

La consejera aseveró la necesidad de afrontar la crisis migratoria como un tema de Estado, rechazando la falta de diálogo y urgencia del Gobierno central.