En el día de ayer, la Comunidad Autónoma de Aragón celebró la asignación de 87,5 millones de euros proveniente del Gobierno central, un acuerdo establecido en la reciente Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales. Esta reunión permitió definir cómo se distribuirán los 2.571,9 millones de euros destinados a fomentar políticas activas de empleo en diversas regiones del país.
Las comunidades que sobresalen en la recepción de fondos son Andalucía y Cataluña, quienes obtendrán 417,9 y 414,2 millones de euros respectivamente. Las cifras continúan con la Comunidad de Madrid, recibiendo 344,6 millones, seguida de la Comunitat Valenciana con 243,3 millones y Galicia que se beneficia con 195,4 millones. Estas asignaciones tienen como objetivo principalmente impulsar las políticas de empleo en esos territorios.
La inyección de estos fondos se destinará a gestionar programas de empleo y formación laboral que, conforme a normativa, están contemplados dentro del presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Esto es parte de un enfoque sostenido que incorpora un marco de financiación que se extenderá hasta 2029, asegurando la continuidad de las políticas activas de empleo y garantizando la estabilidad del Sistema Nacional de Empleo.
Por otra parte, se establece que cada comunidad autónoma recibirá el 70% de los fondos asignados conforme a los criterios estipulados en el artículo 62.2 de la Ley 3/2023, que trata sobre el empleo. En 2024, se implementará un programa para reforzar los servicios de orientación y prospección de empleo, que contará con la incorporación de 3.000 nuevos profesionales, manteniendo la misma cantidad de fondos que les corresponde a cada región.
El restante 28,91% de los fondos destinados para 2025 se distribuirá según el cumplimiento de metas establecidas en el Plan Anual para el Fomento del Empleo Digno (PAFED) del año 2024. Se evaluará el esfuerzo realizado en atención que haya tenido un impacto positivo sobre la empleabilidad, así como otros indicadores relacionados con la formación y la calidad de los servicios de orientación laboral ofrecidos.
Un significativo aporte del 20% de los fondos asignados en 2024, equivalente a más de 514 millones de euros, se enfocará en iniciativas que hayan demostrado eficacia en la mejora de la empleabilidad, tal como se detalla en el Plan Anual de Fomento del Empleo Digno de 2025. Esto se traducirá en un reparto orientado a diversas iniciativas y programas, incluyendo 1.424 millones para políticas activas de empleo y formación, 440,5 millones para formación profesional no certificada, 633,6 millones para formación en alternancia y 73,5 millones para la modernización de los servicios públicos de empleo.
Estas importantes inversiones también priorizarán la asistencia a colectivos vulnerables, como los ciudadanos de etnia gitana, así como a desempleados de larga duración y jóvenes que se encuentren en búsqueda activa de empleo. Su impacto en la mejora de la empleabilidad se analizará dentro del marco del Plan Anual de Fomento del Empleo Digno de 2025, orientando así las estrategias hacia aquellas que se demuestren más efectivas.
Además, por primera vez se pondrán en marcha fondos específicos para la formación en áreas emergentes como algoritmos, inteligencia artificial, y prevención de riesgos asociados a desastres y fenómenos meteorológicos adversos. En términos de formación laboral, estos recursos también financiarán programas de formación en alternancia, capacitación con compromiso de contratación, y otras formaciones relacionadas con el diálogo social y la negociación colectiva.
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