El pasado 20 de mayo en Zaragoza, la consejera de Educación, Cultura y Deporte, Tomasa Hernández, compareció ante la Comisión sectorial de las Cortes de Aragón. Esta convocatoria fue solicitada por el partido Vox, con el objetivo de discutir los planes del Gobierno autonómico respecto a la implementación de la gratuidad en la educación para los más pequeños, desde 0 a 3 años. Hernández destacó que esta iniciativa podría tener un impacto significativo en la vida de aproximadamente 27.000 niños y sus familias, considerándola como una de las reformas más trascendentes en el ámbito educativo y social.

En su intervención, la consejera subrayó que el Gobierno de Aragón busca asegurar que los niños en sus primeros años tengan acceso al sistema educativo. Al defender la propuesta de gratuidad, resaltó que esto contribuirá a fomentar la igualdad de oportunidades en la educación, facilitará la conciliación laboral de las familias y podría incluso repercutir positivamente en la tasa de natalidad de la región.

Tomas Hernández remarcó la importancia de contar con una red educativa integral que abarque las instituciones públicas, concertadas y privadas para implementar esta medida de forma efectiva. De acuerdo con sus explicaciones, el Ejecutivo autonómico ya está realizando esfuerzos significativos al respecto, destinando alrededor de 20 millones de euros de sus propios fondos para financiar esta iniciativa.

Adicionalmente, la consejera desglosó los gastos relacionados con las distintas formas de educación infantil. Las escuelas infantiles que operan bajo convenios representan una inversión de 8,8 millones de euros, mientras que las guarderías del Gobierno, que han sido reestructuradas como escuelas infantiles, generan un coste de más de 7 millones de euros. A su vez, las aulas anticipadas de dos años suponen una inversión de 3,4 millones de euros anuales.

Por su parte, el representante de Vox, Fermín Civiac, demandó la presentación de "planes concretos" para la implementación de la gratuidad en los primeros años de educación. En su intervención, argumentó que las familias aragonesas requieren medidas concretas para poder conciliar su vida laboral y familiar, especialmente aquellas que enfrentan dificultades económicas en entornos rurales.

Civiac recordó también que el Gobierno debe buscar apoyos para poder aprobar sus presupuestos y cumplir con el plazo de presentar el proyecto de ley antes del 1 de octubre de cada año. En este sentido, cuestionó cuántas reuniones han mantenido con los grupos afectados desde la presentación de la iniciativa y si han conseguido algún tipo de compromiso con ellos, así como detalles sobre su financiación.

Desde las filas del Partido Popular, Elena Allué criticó el modelo de adscripción actual, argumentando que se trata de una continuidad del enfoque aplicado por el anterior gobierno socialista. Describió los debates en curso como "artificiales y forzados", a la vez que defendió que el Gobierno ya ha establecido una red extensa de escuelas infantiles gratuitas que están distribuidas por toda la región, además de haber implementado nuevas aulas para la escolarización anticipada.

María Rodrigo del PSOE indicó que Hernández reconoció que el actual sistema de adscripción ha fallado, y subrayó que el modelo de escolarización había sido objeto de advertencias previas por parte de su partido. Además, rebatió la idea de que la gratuidad de la educación infantil sea solo una promesa electoral, enfatizando que "no se trata solo de compromisos, sino de exigencias".

Isabel Lasobras de CHA propuso que se garantice desde el sector público una red de atención temprana que asegure oportunidades equitativas para todos los niños, apunte en contra de la desigualdad estructural y contribuya al desarrollo equilibrado de todas las áreas de Aragón.

Pilar Buj de la agrupación Desde A-TE expresó su preocupación por la insuficiencia de plazas en educación infantil y por el rol crucial que desempeñan las escuelas municipales en las áreas rurales. Según Buj, el actual sistema presenta un evidente desequilibrio territorial que impide que el servicio llegue a todas las localidades.

Finalmente, el portavoz de Podemos en el Grupo Mixto, Andoni Corrales, expresó su inquietud respecto al modelo educativo que se planea instaurar, argumentando que debe concebirse como un enfoque educativo integral y no únicamente como un mecanismo asistencial.