El pasado 13 de marzo, Zaragoza fue testigo de una relevante asamblea en la que la consejera de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Carmen Susín, tomó parte activa. Este encuentro, que reunía al Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), se llevó a cabo en las instalaciones del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 de la capital española.

Durante esta reunión, las diferentes Comunidades Autónomas recibieron detalles sobre un Anteproyecto de Ley del Ministerio que dirige Pablo Bustinduy. Este proyecto propone reformar las normas que regulan los derechos de las personas con discapacidad y de dependencia, algo que despierta inquietudes en varios sectores políticos y sociales.

Carmen Susín se dirigió a los representantes presentes para expresar su preocupación sobre la necesidad de un compromiso tangible por parte del Gobierno de España. En sus palabras, planteó que cualquier avance en la tramitación de esta ley debe ir acompañado de "una financiación acorde a lo que pide la ley", además de la elaboración de "una memoria económica que realmente refleje las necesidades".

La consejera fue contundente al afirmar que sin una mejora en la financiación estatal, el proyecto pasaría a ser solo otro ejemplo de promesas vacías, advirtiendo que podría convertirse en "derechos de papel" que tan a menudo apoyan los partidos de izquierda.

Susín también recalcó que tanto Aragón como otras Comunidades están asumiendo la carga de financiar los servicios de atención a la dependencia, mientras el Estado continúa sin cumplir con el porcentaje de financiación establecido en la legislación actual.

En reiteradas ocasiones, la consejera ha señalado que el Real Decreto 675/2023 que regula el SAAD se implementó sin la financiación adecuada. Esto ha llevado a que las CCAA tengan que asumir financieramente la creación y mejora de servicios, como la reciente modificación de la Prestación Económica de Cuidados en el Entorno Familiar (PECEF), que ya se aplica en Aragón.

Según cifras del año 2023, el gasto de Aragón en el sistema de atención a la dependencia superó los 291 millones de euros, con proyecciones para 2024 que indican una inversión que podría superar los 310 millones. Sin embargo, la participación del Estado en esta financiación fue sólo del 33,68%, lo que significa que Aragón cubrió el 66,32% restante, claramente alejado del equilibrio que debería existir.

Además, la consejera mencionó que las promesas de mejora del Estado, que están ligadas a objetivos que, si no se cumplen, penalizan a las CCAA, complican aún más el panorama. Aunque Aragón ha visto incrementada su aportación, esto se ha logrado gracias a una gestión eficaz y responsable de los recursos disponibles.

La situación se agrava porque las Comunidades Autónomas que cumplen con la normativa se enfrentan a recortes cada vez que deciden mejorar sus servicios. Este ciclo parece perpetuar la crisis del financiamiento que afecta a los sistemas de atención en estas regiones.

Otro punto importante abordado en la reunión fue el acuerdo sobre criterios comunes de acreditación y calidad para los centros del SAAD. Sin embargo, estas mejoras requieren inversiones que el Gobierno central no compensa, lo que ha llevado a Aragón a adoptar una postura crítica.

La consejera Carmen Susín concluyó su intervención enfatizando que se trata de una situación insostenible. Según sus declaraciones, el Estado está socavando la viabilidad del sistema público de dependencia, al negarse a cofinanciarlo adecuadamente, mientras que las comunidades que cumplen con su deber se ven atrapadas en un ciclo de sobrecarga financiera.

En el mismo encuentro, se establecieron criterios para la distribución de recursos entre las Comunidades Autónomas para el año 2025, abordando temas cruciales como el programa de protección a la familia y la atención a la pobreza infantil.