El Gobierno de Aragón se enfrenta a una crítica cada vez más intensa sobre el sistema de financiación autonómica, con el consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, en el centro de la controversia. Durante su intervención en el Parlamento autonómico, Bermúdez de Castro instó a todos los partidos a alcanzar un consenso que permita reformar el modelo de financiamiento, destacando que Aragón se encuentra en una posición desfavorable con respecto al resto de las comunidades autónomas. Sin una resolución a esta problemática, advierte, el mantenimiento de los servicios públicos se verá seriamente comprometido, independientemente de quién controle el Gobierno.

Esta declaración se produjo en el contexto de una comparecencia solicitada por el Grupo Socialista, cuya líder regional, Mayte Pérez, no dudó en criticar al presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, por su ausencia en el debate. Pérez describió a Azcón como un "showman" que prefiere realizar videos en lugar de confrontar las cuestiones de fondo con los otros representantes políticos, lo que, en su opinión, muestra una falta de respeto hacia el proceso democrático.

Bermúdez de Castro defendió la tradición de que sean los consejeros quienes asuman el papel de representación en estos foros, aludiendo a que esta práctica ha sido normal a lo largo de diferentes legislaturas. Sin embargo, no eludió la necesidad de cuestionar el trato recibido por parte de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sugiriendo que su actitud sería impensable si se tratara de un gobierno del Partido Popular. También narró la experiencia en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde se sintió que se trató a Aragón de manera injusta, enfatizando que fue un proceso sin debate, donde no se permitió una discusión crítica de las propuestas presentadas.

El consejero mostró serias reservas respecto a la reciente propuesta del Gobierno central para la condonación de la deuda, que asciende a un total de 83.000 millones de euros para todas las comunidades, de los cuales solo 2.124 millones beneficiarían a Aragón. Esta cantidad representa un porcentaje inferior al que la región debería recibir de acuerdo a varios criterios como la población ajustada o el peso en el PIB, lo que ha encendido más críticas desde el Gobierno aragonés.

Bermúdez de Castro también señaló una discrepancia notable en el tratamiento de otras comunidades, como Andalucía y Canarias, que recibirían condiciones más favorables a pesar de su situación financiera. Como resultado, el consejero ha exigido que la propuesta de condonación sea retirada y que se lleve a cabo una discusión profunda en torno a la reforma del sistema de financiación autonómica.

En respuesta, Pérez aportó críticas a políticas pasadas de gobiernos del Partido Popular, recordando que la expresidenta Luisa Fernanda Rudi optó por buscar alternativas de financiación en los mercados en lugar de acceder a fondos más favorables. Esta decisión supuso un aumento significativo de la deuda y deterioro de los servicios públicos en la región. La portavoz del PSOE se mostró escéptica sobre la capacidad del actual Gobierno para exigir beneficios justos para Aragón, a la luz de la situación en la sanidad.

La situación se complica aún más con la llegada de críticas desde otros partidos, como VOX, cuyo portavoz, Alejandro Nolasco, consideró que la condonación es un acto de expolio que favorece a comunidades desperdiciadoras a expensas de aquellas que han manejado sus cuentas de manera responsable. Este punto de vista refleja un creciente descontento hacia un sistema que, según Nolasco, no beneficia a las comunidades que han demostrado mejor administración de sus recursos.

Por parte del grupo CHA, se instó a que se negocien condiciones justas en la condonación, argumentando que el acuerdo actual no es satisfactorio y es el resultado de un modelo obsoleto que no refleja correctamente la situación financiera de Aragón. En este sentido, otros grupos como Podemos y el PAR también señalaron que la falta de voz y de influencia de Aragón en Madrid ha llevado a una situación en la que las necesidades de la comunidad quedan relegadas a un segundo plano.

Finalmente, la guerra de declaraciones entre distintas fuerzas políticas continúa, con la promesa de que el debate sobre la financiación autonómica seguirá siendo un tema candente en los próximos meses. La exigencia de una reforma que atienda las necesidades de Aragón se convierte, así, en una cuestión central en la agenda política de la comunidad.