Almeida critica a Moncloa por la tardanza en la entrega de fondos a las CCAA, insinuando influencias corruptas tras el caso Santos Cerdán

MADRID, 18 de junio.

El panorama político se complica en Madrid, donde María José García Pelayo, presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), ha convocado este miércoles a alcaldes y representantes del PP en una manifestación frente al Congreso, pidiendo al Gobierno de Pedro Sánchez una revisión del sistema de financiación local.

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se unió a la movilización, situándose al frente de la pancarta que sostenían varios alcaldes. También participaron otros destacados miembros del PP, como Xavier García Albiol y Natalia Chueca, quienes respaldaron la causa.

En su intervención, Pelayo subrayó que el motivo de la protesta es demandar al Gobierno que no trate los "ahorros" de las administraciones locales como si fueran un recurso a su disposición. "Es nuestra responsabilidad utilizar este dinero para mejorar la vida de la ciudadanía; no pertenece al Gobierno, ni a los alcaldes, pertenece al pueblo", enfatizó la alcaldesa de Jerez.

La manifestación fue convocada por la FEMP para visibilizar lo que Pelayo describió como una "asfixia financiera" que sufren los gobiernos locales y para denunciar la falta de respuestas del Ejecutivo ante estas preocupaciones.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, también se pronunció, señalando que la reciente actualización de las entregas a cuenta a las comunidades autónomas responde a la "presión derivada de la corrupción", en alusión al informe de la UCO que involucra al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en el escándalo conocido como 'caso Koldo'.

Almeida criticó la demora de seis meses en la aprobación del real decreto y la forma en que las actualizaciones fueron impulsadas por esta presión. Según él, "sin el caso Cerdán, no se habrían liberado estos fondos".

Además, el edil del PP resaltó la necesidad de permitir que los municipios accedan a sus remanentes para llevar a cabo la construcción de al menos 3,000 viviendas, inversión que debería ser totalmente financiada por las administraciones locales.

Aclaró que no se está pidiendo más dinero al Gobierno, sino la autorización para utilizar los recursos ya existentes para finalizar inversiones y construir viviendas. Prometió que el objetivo es el bienestar de los ciudadanos, no una disputa política.

Almeida también criticó la ineficacia del decreto publicado, que distribuye 147,412 millones de euros entre las CCAA por concepto de financiación autonómica, calificándolo de "muy parcial". Sin embargo, reconoció que esto representa "un primer paso" del Gobierno, señalando que la movilización ha tenido un impacto, sugiriendo que es la única forma en que el Ejecutivo responde.

La presidenta de la FEMP, Pelayo, consideró la medida del Gobierno como un intento de desviar la atención de los problemas actuales en España, insinuando que pueden haber más manifestaciones en el futuro para abordar otras cuestiones aún pendientes.

Desde el PSOE, el secretario de Política Municipal, Alejandro Soler Mur, criticó al PP por lo que considera un uso indebido de la FEMP, argumentando que el Gobierno ha incrementado significativamente la financiación municipal. Instó al Partido Popular a dejar de utilizar a los alcaldes para fines políticos y a concentrarse en servir a sus comunidades.