ZARAGOZA, 12 de septiembre. Las tensiones entre el Gobierno de Aragón y el grupo parlamentario de Vox alcanzaron un nuevo pico en el reciente pleno de las Cortes autonómicas, centrado en la cuestión de la inmigración y la atención a menores migrantes. La consejera de Bienestar Social y Familia no dudó en comparar a Vox con el partido independentista Junts, advirtiendo: "No permitiré que conviertan el sistema de protección de menores en un espectáculo, ya que mi deber es salvaguardarlo, sin importar de dónde provengan los menores".

En respuesta a una interpelación del diputado de Vox, David Arranz, la consejera acusó a la formación de querer que el Gobierno de Aragón desobedezca la ley, sugiriendo que Vox se comporta como un partido populista al margen del marco legal, al igual que Junts. "Quiero que aclaren si están a favor del orden constitucional o si, por el contrario, rechazan la Constitución y el Estado de derecho", insistió.

La consejera destacó que el Gobierno regional se compromete a cumplir la ley, aunque también planea impugnar cualquier acto derivado de una legislación que consideran inconstitucional, refiriéndose al reparto obligatorio de menores migrantes desde Canarias y las ciudades autónomas. Este reparto, sostuvo, responde únicamente a intereses del presidente Pedro Sánchez y a las cesiones ante los independentistas.

Durante su intervención, David Arranz recordó la reciente muerte del activista ultraconservador Charlie Kirk en Utah, acusando a "los intolerantes de la izquierda" de no soportar su defensa de los valores patriotas, católicos y conservadores. Además, Arranz afirmó que la creciente inmigración ilegal genera un mayor rechazo social, criticando la falta de firmeza del Partido Popular y alegando que solo Vox se mantiene constante en su oposición a la inmigración masiva.

Arranz también abogó porque los servicios sociales prioricen a los nacionales de origen. "No queremos convertirnos en los servicios sociales de Marruecos, Argelia, Mali o Mauritania", enfatizó, expresando su preocupación de que más recursos se destinen a atender a inmigrantes ilegales que a los aragoneses que realmente lo necesitan.

El diputado de Vox consideró que la llegada masiva de inmigrantes representa un "negocio sucio" para las mafias de tráfico de personas y ciertas ONGs, explicando que su partido aboga por medidas más drásticas, como el uso de embarcaciones para deportar a inmigrantes ilegales, en lugar de servir a intereses económicos ajenos.

Aunque Arranz celebró que el Gobierno de Aragón impugne el reparto de miles de menores, criticó a los populares por no abordar a fondo el problema, instando a que se realicen pruebas de edad que podrían descalificar a muchos de estos menores como tales. "Es momento de dejar de sostener que España necesita millones de inmigrantes para sustentar nuestras pensiones, cuando tenemos casi tres millones de parados", apuntó.

En su respuesta, la consejera Susín dejó claro que el Ejecutivo se opone con todas sus capacidades al reparto de inmigrantes, alegando que esto invadiría competencias autonómicas y utilizaría a menores migrantes con fines políticos. Aun así, reafirmó que un "gobierno responsable cumple la ley", cuestionando si Vox realmente está sugiriendo desobedecerla.

Por último, Susín instó a los parlamentarios de Vox a dejar de difundir rumores sobre las pruebas de edad, asegurando que los menores en el sistema de protección han sido evaluados adecuadamente y cuentan con el aval legal correspondiente. "Ninguna persona que no sea menor puede ingresar en este sistema", concluyó.