En una reciente conferencia de prensa, el consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, José Luis Bancalero, ha revelado la concesión del servicio de transporte sanitario no urgente a la empresa Servicios Sociosanitarios Generales Spain. Esta decisión se formalizó el jueves y entrará en funcionamiento el 31 de agosto. Destaca la inclusión de mejoras salariales significativas para los trabajadores, que alcanzarán un incremento del 18,36% en la primera nómina, llegando hasta un 27,54% a lo largo del contrato, que se estima tendrá una duración de cuatro años, con la posibilidad de prorrogarse por otros dos.

El transporte sanitario no urgente, conocido también como transporte sanitario programado, es esencial para facilitar el traslado de pacientes, ya sea desde sus hogares o residencias a hospitales, así como para regresarlos a su lugar de origen tras recibir atención médica.

La adjudicación se ha realizado por un monto total de 55.513.216,16 euros, representando un considerable aumento del 34,6% en relación a la última adjudicación, lo que refleja una intención clara de mejorar y modernizar estos servicios.

Bancalero ha hecho hincapié en que los problemas laborales que afectan tanto al transporte sanitario urgente como al programado son resultado de la gestión de la administración anterior. En este sentido, ha señalado que el actual Gobierno ha estado "atado de pies y manos", enfrentándose a la obligación de honrar contratos heredados sin otras alternativas.

A pesar de las dificultades enfrentadas, el consejero ha enfatizado el compromiso del Gobierno para no rendirse. Durante los últimos dos años, el equipo ha estado trabajando arduamente para mejorar un servicio fundamental para la cohesión del territorio aragonés.

El Gobierno ha planteado un enfoque en tres líneas estratégicas. La primera ha sido abordar los desafíos en el transporte sanitario urgente en sus primeros cien días, mientras que ahora se lanza un "contrato innovador" para el servicio programado, que no sólo incluye aumentos en las retribuciones, sino también un compromiso del contratista para asegurar que se respeten las condiciones laborales de los trabajadores.

El objetivo primordial de estas iniciativas, según ha indicado Bancalero, es optimizar la calidad del servicio y resolver el conflicto laboral arrastrado de la anterior legislatura, que se ha visto agravado por un déficit de profesionales y la falta de actualización en los salarios de los trabajadores.

En segundo lugar, se han realizado inversiones significativas por parte del Gobierno, que superan los 15 millones de euros para el transporte urgente y 14,3 millones para el transporte no urgente, un aumento del 34,7% en comparación con años anteriores.

Por último, el Departamento de Sanidad ha buscado fomentar la colaboración y el entendimiento entre las empresas adjudicatarias y los trabajadores, intentando cerrar la brecha existente. Se han llevado a cabo "numerosas reuniones" para facilitar este proceso, tanto en el ámbito del Servicio Aragonés de Salud como en el de Mediación y Arbitraje.

En relación al nuevo contrato para el servicio de transporte sanitario programado, Bancalero ha expresado su confianza en que las mejoras salariales repercutan positivamente en la atención brindada a los usuarios.

“Este es el compromiso del Gobierno de Aragón”, ha subrayado Bancalero, refiriéndose al incremento en las retribuciones que se implementará durante la vigencia del contrato.

Ramón Boria, director general de Asistencia Sanitaria y Planificación, ha añadido que la empresa encargada, que opera desde Sevilla, tiene experiencia en proporcionar este tipo de servicios en varias comunidades autónomas.

Con el objetivo de poner en marcha el contrato de transporte antes de la fecha límite, la empresa contará con 134 vehículos nuevos, diseñados con tecnología ecológica y con mejoras significativas en su diseño y funcionamiento.

El nuevo servicio contará con un equipo de 285 trabajadores, que incluye la totalidad de la plantilla actual y entre 12 y 15 nuevas contrataciones, principalmente para cubrir el déficit de conductores en Huesca y de auxiliares en Zaragoza.

Boria ha resaltado que la empresa adjudicataria cuenta con "buenas referencias" y ha sido la mejor valorada en todos los aspectos del proceso de adjudicación.

Respecto a la huelga vigente en el servicio, el consejero ha aclarado que esta situación afecta a la empresa anterior y no a la actual, destacando que el conflicto ha provocado sanciones a la Unión Temporal de Empresas que aún gestiona el servicio, particularmente en Huesca, donde se han presentado dificultades importantes para realizar los traslados necesarios, lo que ha afectado la disponibilidad de camas hospitalarias para otros pacientes.