En Zaragoza, el 30 de julio, un reciente estudio de opinión, encargado por el Gobierno de Aragón, ha revelado que una abrumadora mayoría, el 91,4% de los aragoneses, está convencida de que cualquier reducción en el financiamiento autonómico proveniente del Estado repercutiría negativamente en la calidad de servicios esenciales como la sanidad, la educación y la atención social.

El Consejo de Gobierno se reunió el pasado miércoles para revisar el sondeo realizado por la consultora A+M, que consistió en 2.400 entrevistas online y telefónicas dirigidas a mayores de 65 años, lo que garantiza una muestra representativa de una parte importante de la población.

Este sondeo fue anticipado por el presidente aragonés, Jorge Azcón, durante su encuentro con los líderes de los partidos políticos presentes en el parlamento, que tuvo lugar el 16 de julio. Dicho encuesta ha puesto de manifiesto las preocupaciones de los ciudadanos respecto a la adecuada financiación estatal.

Entre los datos destacados, el 79% de los participantes en la encuesta considera vital que el Estado financie a las comunidades autónomas, ya que esto es fundamental para mantener los servicios públicos que todos los ciudadanos necesitan.

En relación al acuerdo de financiación alcanzado entre el Gobierno central y la Generalitat de Cataluña, el 52,1% de los encuestados manifestaron que dicho pacto atenta contra los intereses de Aragón, mientras que solo el 41,8% opinan lo contrario. Asimismo, al preguntarse sobre las implicaciones de este acuerdo para el resto de comunidades, el 51,3% afirmó que Aragón saldría perjudicado, lo que indica una percepción de desventaja clara respecto a otras regiones.

Un 51,7% de los ciudadanos percibe que este tipo de acuerdos entre administraciones generan divisiones y crean ciudadanos de primera y de segunda, con un margen de casi 11 puntos frente a quienes no comparten esta visión.

El sondeo también abordó la satisfacción de los habitantes de Aragón con la defensa de sus intereses por parte del gobierno autonómico. Un 56,8% de los encuestados lo valoró positivamente, mientras que un 20,4% mostró una opinión regular y un pequeño porcentaje lo consideró negativo.

Sobre estos temas, el 44,6% de los participantes se pronunció a favor de que Aragón utilice todos los recursos democráticos posibles, incluyendo acciones legales, para defenderse ante el acuerdo de financiación con Cataluña. Por otro lado, un 37,3% creía que no era necesario, y un 18,1% se mostró indeciso.

La realización de este sondeo fue adjudicada a la consultora A+M, que presentó la propuesta más competitiva en coste junto a una amplia muestra de 2.400 entrevistas dirigidas a personas mayores de 65 años. El estudio tiene un alto nivel de confianza del 95,45% y un margen de error de +/- 2,23%.

Durante la rueda de prensa tras la reunión del Consejo, la vicepresidenta Mar Vaquero criticó el acuerdo entre el Gobierno de España y Cataluña, calificándolo de “poco transparente” y advirtiendo sobre la financiación desproporcionada que beneficiaría a esta última. Hizo hincapié en la necesidad de defender principios fundamentales como la igualdad y la solidaridad.

Vaquero subrayó que el tema de la financiación es crucial no solo para el presente, sino para el futuro de Aragón, destacando que la administración de Jorge Azcón ha tomado una postura firme en la defensa de los intereses de la comunidad.

La vicepresidenta concluyó explicando que el propósito de este sondeo es comprender el sentir de los aragoneses respecto a los efectos de las políticas de financiación en su vida cotidiana y en el futuro de la comunidad. Insistió en que los recursos son limitados y que, si se extendiera el modelo del cupo catalán al resto de España, Aragón podría salir aún más perjudicado.

Finalmente, Vaquero calificó la situación actual como una grave injusticia hacia Aragón, señalando que responde a intereses personales del Gobierno central que busca apaciguar a sus aliados independentistas, generando así ciudadanos de distintas categorías en el país.