En un reciente anuncio, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha estipulado un plazo de una semana para que las comunidades autónomas de Aragón, Madrid y Extremadura proporcionen información actualizada o corrijan los datos relativos a la acogida de menores extranjeros no acompañados. De no recibir esta información, el gobierno utilizará las cifras más recientes de los registros de cada región para determinar la distribución de más de 4.000 menores acogidos en Canarias.

Hasta el momento, Aragón no ha proporcionado ninguna cifra, mientras que Madrid y Extremadura han enviado información que, según Rego, es "demasiado general" y no indica el número exacto de plazas ocupadas en sus sistemas de acogida. La ministra ha fijado el 10 de abril, fecha de la aprobación en el Congreso de un real decreto que modifica el artículo 35 de la Ley de Extranjería, como límite para que estas comunidades aclaren sus datos sobre capacidad de acogida.

Las declaraciones de Rego se realizaron en Pamplona, donde se reunió con Begoña Alfaro, vicepresidenta y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias del Gobierno de Navarra. La ministra expuso que los datos requeridos tienen como finalidad comprender la capacidad de los sistemas de acogida de cada comunidad autónoma y cuántos menores se espera que lleguen a sus territorios.

Los informes previos colocaban a Madrid como la comunidad con la mayor cantidad de menores a acoger, con un total de 806, seguida de Extremadura con 169 y Aragón con 186. Estas cifras se derivan de un cálculo provisional realizado por el Gobierno a partir de datos de 2023, mientras se esperaba información actualizada a 31 de marzo de 2025.

Rego enfatizó la necesidad de establecer un criterio común similar al que se aplica para determinar recursos en otros servicios públicos, como hospitales y escuelas. Según ella, es crucial garantizar el interés superior de los menores y proporcionar un sistema de atención accesible y uniforme en todas las regiones, sin distinción de origen.

La ministra también destacó la importancia de un enfoque basado en la "sensatez" y la equidad, que permita adaptar el sistema de acogida a las realidades demográficas de cada comunidad. Una evaluación adecuada garantizará que se hagan atendidas las realidades de presión que enfrentan algunos sistemas de acogida más que otros.

Rego reconoció los esfuerzos realizados por ciertas comunidades autónomas para desarrollar sistemas de acogida más robustos, que hasta ahora habían sido implementados sobre una base voluntaria y en respuesta a la demanda existente. A partir de ahora, la meta es establecer un número de plazas estables y adecuadas para responder a las necesidades del fenómeno migratorio, el cual, según la ministra, es tanto estructural como dinámico.

El proceso que está en marcha, según Sira Rego, busca transformar el sistema de acogida para hacerlo más justo y centrado en los derechos de la infancia. Este sistema, añadió, debe ser universal y no diferenciar entre los niños nacidos en el país y aquellos que provienen de otros lugares, destacando la importancia de preservarlo como un valor fundamental.

Además, la ministra subrayó que el decreto incluirá un apoyo financiero de 100 millones de euros destinado a las comunidades autónomas que enfrenten mayores tensiones en sus sistemas de acogida, asegurando así que se cuente con los recursos necesarios para brindar atención adecuada a todos los menores.