En una reciente reunión de la Comisión de Hacienda, Presupuestos, Interior y Administración Pública de las Cortes de Aragón, Óscar Galeano, portavoz del Partido Socialista, planteará la revisión de los procesos selectivos para el acceso a la función pública en beneficio de las personas con dislexia. Galeano aboga por la implementación de medidas específicas que aseguren la igualdad de oportunidades para todos los aspirantes, destacando la importancia de ofrecer un entorno justo para quienes enfrentan esta condición.

Este planteamiento surge a raíz de una iniciativa presentada por el grupo parlamentario socialista, la cual responde a las demandas de colectivos que representan a las personas con dislexia. Estos grupos afirman que, en la actualidad, las personas con dislexia enfrentan desventajas significativas en los procesos selectivos de empleo público, lo cual merece atención y acción proactiva por parte del gobierno regional.

Galeano sostiene que la Constitución Española garantiza el principio de igualdad en el acceso a los empleos públicos y, por ende, es fundamental que se respeten estos derechos en todos los procesos de selección. La propuesta busca que la normativa aplicable a las pruebas de acceso a la función pública sea revisada para incluir medidas de adaptación específicas para quienes padecen dislexia.

La dislexia, considerada una Dificultad Específica de Aprendizaje de origen neurobiológico, afecta a alrededor del 10% de la población mundial. Las personas que la sufren suelen tener dificultades en reconocer palabras escritas con precisión y rapidez, así como en la lectura y el deletreo, lo que puede persistir incluso en la vida adulta y afectar varios aspectos de su vida cotidiana.

Galeano ha recordado que en el ámbito educativo ya existen protocolos de adaptación para estudiantes con dislexia, y que las universidades han comenzado a implementar ajustes en sus exámenes de acceso, siempre con la debida justificación técnica. Con esto en mente, el portavoz socialista ha manifestado la necesidad de que el Gobierno de Aragón aplique una lógica similar en los procesos de selección de empleo público.