Crónica Aragón.

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Los aragoneses presentan 1.600 solicitudes al sistema de consumo en 2022.

Los aragoneses presentan 1.600 solicitudes al sistema de consumo en 2022.

En 2022, los aragoneses han presentado un total de 1.581 solicitudes de mediación en el Sistema Arbitral de Consumo, siendo el conjunto de España de 72.000 presentadas.

El Sistema Arbitral de Consumo resuelve de forma satisfactoria para los consumidores el 90% de los casos gestionados, un servicio público gratuito que ayuda a solucionar conflictos entre las personas consumidoras y las empresas por la vía extrajudicial. Además, más de 100.000 empresas están adheridas voluntariamente al sistema en la actualidad.

Por lo general, la mayoría de las solicitudes están relacionadas con servicios básicos, telecomunicaciones o bienes de consumo. Para poder hacer uso de un proceso de arbitraje, una junta arbitral debe tomar el caso si la controversia no versa sobre intoxicaciones, lesiones, muertes o indicios racionales de delito. Además, la empresa deberá aceptar el arbitraje, ya sea de forma previa al surgimiento del conflicto o aceptando un conflicto concreto.

Con el objetivo de aumentar el número de resoluciones satisfactorias y aumentar la conciencia pública sobre el instrumento público, el Ministerio liderado por Alberto Garzón ha creado el portal 'justoparaeso.consumo.gob.es', que permite a los consumidores conocer las ventajas del sistema, localizar la junta arbitral más cercana y descargar el formulario de solicitud de arbitraje, entre otras cuestiones.

El Sistema Arbitral de Consumo permite a las partes iniciar un proceso de arbitraje si no han podido resolver una reclamación. Ambas partes encomiendan voluntariamente a una junta arbitral, normalmente la que corresponda a cada ciudadano en función de su domicilio, para resolver la controversia de forma imparcial e independiente. Para ello, la persona consumidora debe presentar documentos relevantes para la reclamación incluyendo contratos, facturas, presupuestos, o pagos realizados.

La decisión final de la junta arbitral, conocida como "laudo", es vinculante para ambas partes y tiene la misma eficacia que una sentencia judicial. Además, el plazo para dictar el laudo es de 90 días desde el inicio del procedimiento arbitral y no se puede ampliar a más de dos meses.

La creación del Sistema Arbitral de Consumo garantiza a la ciudadanía la disponibilidad de un servicio público gratuito y eficaz para resolver posibles desacuerdos en la relación de consumo con empresas.