Agentes de la Jefatura Superior de Policía de Aragón han llevado a cabo la expulsión del territorio nacional de cuatro ciudadanos extranjeros en situación irregular en las últimas semanas. Esta medida ha sido ordenada por diferentes órganos judiciales y administrativos, como parte de los esfuerzos por garantizar la seguridad y cumplir con las leyes migratorias.

En diciembre de 2023, agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras llevaron a cabo la expulsión de tres ciudadanos de la República Dominicana que se encontraban cumpliendo condena en el Centro Penitenciario de Zuera. Estos individuos habían cometido diversos delitos, que incluyen tráfico de drogas, atentado a agente de la autoridad y lesiones. Sus penas fueron sustituidas por la medida de expulsión del territorio nacional.

El 11 de enero, un cuarto ciudadano de nacionalidad marroquí fue expulsado del país tras cumplir su condena definitiva en el Centro Penitenciario de Daroca. Esta expulsión había sido ordenada por la Subdelegación del Gobierno en Zaragoza, en cumplimiento del artículo 57.2 de la Ley de Extranjería, que sanciona a aquellos extranjeros condenados en España por una conducta dolosa grave. En el caso de este individuo, se le impuso una condena total de veinte años y diez meses de prisión por delitos de violación agravada, robo con violencia e intimidación, hurto, estafa y violencia de género.

Tras cumplir su condena, el individuo fue detenido por agentes de la Brigada de Zaragoza y puesto a disposición judicial. El Juzgado de Instrucción 5 de Zaragoza en funciones de Guardia decretó su ingreso en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Valencia, mientras se realizaban las gestiones necesarias para obtener un documento de viaje válido ante las autoridades de Marruecos.

Estas cuatro expulsiones se llevaron a cabo en dos vuelos especiales, organizados por la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, con el fin de expulsar a ciudadanos de Marruecos y República Dominicana en situación irregular en España. Estas acciones forman parte de los esfuerzos continuos para garantizar el orden y la seguridad en el país y asegurar el cumplimiento de las leyes migratorias vigentes.