El pasado 24 de julio, la Audiencia Nacional ha tomado la decisión de no admitir los recursos contencioso-administrativos que el Gobierno de Aragón había presentado en relación con las convocatorias de dos Conferencias Sectoriales organizadas por el Ministerio de Juventud e Infancia, celebradas los días 28 de abril y 5 de mayo, con el propósito de discutir el reparto de menores migrantes no acompañados.

Según el documento al que ha tenido acceso Europa Press, la Comunidad Autónoma de Aragón había solicitado a la Audiencia que, tras plantear una cuestión de inconstitucionalidad, se pronunciara favorablemente sobre su recurso, argumentando que las convocatorias en cuestión —la primera de ellas aplazada debido a un apagón— no cumplían con la legalidad vigente.

Sin embargo, la Audiencia Nacional ha argumentado que carece de jurisdicción para juzgar la inconstitucionalidad de normas de rango legal, dado que la demanda se fundamenta en la supuesta inconstitucionalidad del Real Decreto-ley 2/2025 del 18 de marzo, el cual establece medidas urgentes para salvaguardar el interés superior de la infancia en situaciones complejas relacionadas con la migración extraordinaria, y no en la validez de las convocatorias en sí.

En su escrito, la abogacía del Estado ha señalado que las convocatorias a la Conferencia Sectorial son meros actos administrativos de trámite, lo que hace que el recurso presentado sea considerado inadmisible, según se detalla en el documento judicial.

Además, la resolución judicial ha impuesto a la Comunidad Autónoma de Aragón el pago de las costas generadas por esta instancia, que se elevan a un total de 3.000 euros.

La consejera de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Carmen Susín, expresó en una rueda de prensa que esta decisión era algo que se podía anticipar, pero reafirmó la intención de recurrir todos los actos derivados de lo que considera un real decreto inconstitucional, injusto y arbitrario.

Asimismo, Susín argumentó que el único propósito del Real Decreto, que regula el reparto de menores, es favorecer a los aliados políticos de Pedro Sánchez para que mantenga su posición en el poder, obviando realmente el interés superior de los menores, que debería ser consensuado con las comunidades autónomas.

La consejera también hizo hincapié en el respeto del Partido Popular hacia las decisiones judiciales, esperando que tal actitud se refleje en la izquierda. Aclaró que la razón por la cual la Audiencia Nacional ha desestimado los recursos es que no puede entrar en el fondo de la cuestión, que corresponde al Tribunal Constitucional.

Tras conocer esta decisión, Susín ha confirmado que la postura del Gobierno de Aragón se mantiene firme, y ha reiterado que el Real Decreto que impone criterios para el reparto de menores migrantes no acompañados está en proceso de apelación ante el Tribunal Constitucional.