La reciente controversia que rodea a la gestión del Gobierno de Aragón ha llevado al grupo socialista en las Cortes aragonesas a solicitar la comparecencia del presidente regional, Jorge Azcón, y del consejero de Fomento, Octavio López. Las peticiones surgen a raíz de serias dudas sobre la legalidad del procedimiento de licitación para la construcción de viviendas en unos terrenos situados en Harineras, en la ciudad de Huesca.

Desde el PSOE, se ha expresado la necesidad de que ambos políticos expliquen cómo se está administrando el suelo público para la construcción de vivienda. En particular, cuestionan si un terreno que el Ayuntamiento de Huesca había destinado inicialmente a la construcción de viviendas de protección oficial podría ser redirigido hacia un uso más lucrativo, beneficiando únicamente a un empresario adjudicatario.

La controversia se intensificó durante una sesión plenaria reciente en el Ayuntamiento de Huesca, donde una propuesta de urgencia impulsada por el PP, junto con el apoyo de un concejal no adscrito, hizo posible un cambio en el lenguaje de un acuerdo anterior que se había aprobado el año pasado. Así, el término "vivienda protegida" fue sustituido por "viviendas sujetas a algún régimen de protección pública", lo que abre la puerta a interpretaciones más flexibles y posiblemente menos beneficiosas.

La diputada socialista Lorena Canales ha manifestado su preocupación, haciendo hincapié en que "en el contexto de la grave crisis de vivienda que afecta a nuestra comunidad, el Gobierno regional no puede permitirse especular con el urbanismo". Esta declaración resalta la urgencia de abordar el problema del acceso a la vivienda en la región.

Canales también advirtió sobre las implicaciones económicas de este cambio, afirmando que el acuerdo de cesión que se aprobó permite que la nueva construcción no respete los precios fijados por la normativa, que establecía un coste de 7 euros por metro cuadrado. Según sus estimaciones, el nuevo régimen podría llevar a precios de hasta 11 euros por metro cuadrado, lo cual representa un incremento considerable.

Haciendo una comparación concreta, el grupo socialista ha señalizado que un piso de 70 metros cuadrados en La Merced, aún no adjudicado, podría tener un coste de alquiler de 452 euros al mes. De seguir con la actual licitación del Gobierno de Aragón para Harineras, los mismos tipos de vivienda podrían llegar a costar hasta 800 euros al mes, duplicando así el precio.

“No toleraremos que el presidente Azcón utilice el Patrimonio Municipal, que pertenece a todos los ciudadanos de Huesca, como materia de especulación”, afirmó Canales, insistiendo en que estos terrenos deben ser utilizados en beneficio de la comunidad y no como una vía de lucro particular.

Además, destacó que la cesión de estos terrenos se había autorizado en 2024 por el Gobierno regional, a través de un decreto que garantizaba su uso para vivienda de protección y establecía la reversibilidad del acuerdo si se incumplían estas condiciones.

“Lo que nos preocupa es que esa promesa ya está siendo ignorada”, continuó, señalando que en junio pasado, el Departamento de Fomento aprobó una orden para licitar la explotación de este espacio, permitiendo así que la empresa ganadora pudiera obtener beneficios económicos a partir de la construcción de las viviendas, lo que contradiría el objetivo original de la cesión.