ZARAGOZA, 21 de octubre. En el último debate sobre las Ordenanzas Fiscales, la concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Marta Aparicio, ha manifestado su descontento con la política fiscal implementada por el gobierno municipal liderado por la alcaldesa Natalia Chueca. Según la socialista, estas medidas benefician únicamente a un sector reducido, mientras que los ciudadanos comunes no obtienen el soporte que realmente necesitan.

Durante la reunión de la Comisión de Hacienda que tuvo lugar el martes, Aparicio criticó al Partido Popular por no haber propuesto bonificaciones que impacten positivamente en la vida de los ciudadanos más vulnerables. En contraste, enfatizó que sí han facilitado beneficios para aquellos que recibirán grandes herencias, como es el caso de quienes heredan dos propiedades.

La edil del PSOE también acusó al gobierno municipal de limitar la participación de la oposición en el marco de este debate. Según Aparicio, las oportunidades para proponer enmiendas a las ordenanzas han sido restringidas, dejándolas abiertas solo para un número muy reducido de artículos, lo que ha resultado en una falta de verdaderas discusiones democráticas.

Aparicio señaló que los cambios más significativos dentro de las nuevas ordenanzas son esencialmente incrementos en las tasas de agua y basura. La concejal subrayó que la mayoría de las propuestas del gobierno no representan un avance político verdadero ni ofrecen innovaciones que puedan mejorar la calidad de vida de los zaragozanos, a pesar de que el Ayuntamiento ha reportado ingresos históricos superiores a 1.050 millones de euros hasta el 30 de septiembre.

Desde su perspectiva, bajo la gestión de Chueca, han aumentado las tarifas del agua y la basura, mientras que el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) ha bajado para todos los inmuebles. No obstante, Aparicio arguyó que no se han implementado bonificaciones significativas para quienes más las requieren. Además, disparó críticas por la falta de apoyo a actividades que beneficiarían a la comunidad, ironizando sobre la atención que se ha brindado a entidades como la Sociedad Nueva Romareda o el hospital Quirón.

Aparicio acusó al gobierno de la ciudad de no priorizar políticas que favorezcan al conjunto de la población y, en su lugar, de optar por subvencionar iniciativas que no benefician a la mayoría. En su análisis, estas decisiones parecen estar influenciadas por la necesidad del PP de contar con el apoyo de Vox para la aprobación de presupuestos, lo que limitaría aún más el debate sobre las ordenanzas.

La concejal socialista considera que el PP parece no estar interesado en interlocutar con la oposición, ya que creen poseer la “verdad absoluta” y solo ven a los demás como un estorbo. Esta falta de disposición al diálogo es un aspecto que ha criticado abiertamente.

En relación a las ordenanzas de agua y basura, Aparicio acusó al gobierno del PP de engañar al afirmar que las tasas no superarían un aumento del 2,8%. Afirmó que la realidad es que los cálculos se han hecho para aumentar los ingresos en un 2,8 % respecto a lo recaudado previamente, lo que, en muchos casos, origina subidas de tarifas por encima del índice de precios al consumo.

Al limitarlas a unos pocos artículos, el grupo socialista ha decidido presentar una propuesta formal que busque exonerar de tasas y de la obligación de presentar fianza a asociaciones, peñas, oenegés y entidades vecinales que organizan actividades en la vía pública.

Aparicio enfatizó que no es justo que estas agrupaciones, que contribuyen activamente a la vida comunitaria y dinamizan los barrios con sus actividades, tengan que enfrentarse a las mismas tasas que aquellos que lucran económicamente por la venta de entradas a eventos.

Finalmente, la concejal del PSOE expresó su profunda preocupación por la proposición normativa impulsada por Vox relacionada con las bonificaciones a la plusvalía, advirtiendo que el Ayuntamiento podría dejar de recaudar 1,2 millones de euros. Cuestionó cuál es la justificación de optar por perder esos ingresos en lugar de renunciar a otras tasas que podrían aliviar la carga de los ciudadanos más desfavorecidos.

En una reflexión final, Aparicio resaltó el riesgo que conllevan estas políticas que tienden a favorecer a quienes tienen el capital para adquirir propiedades, incluso con fines de alquiler turístico, mientras que ignoran las necesidades de aquellos que enfrentan dificultades cotidianas. Su conclusión fue tajante: las decisiones del gobierno no están dirigidas a amparar a quienes atraviesan situaciones complicadas, sino que continúan subiendo tarifas a quienes menos tienen.