ZARAGOZA, 27 de noviembre. En una sesión plenaria histórica, las Cortes de Aragón han logrado un consenso unánime al aprobar un Decreto del Gobierno aragonés que tiene como objetivo reparar los estragos y pérdidas ocasionadas por las recientes inundaciones y desbordamientos de ríos en la Comunidad, fenómeno que se intensificó debido a las torrenciales lluvias que han asolado la región. Este decreto no solo busca mitigar los daños causados, sino también facilitar el proceso de retorno a la normalidad para los municipios afectados por esta catástrofe natural.

El consejero de Hacienda y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, informó que durante las diversas DANA que han afectado a Aragón, el servicio 112 recibió más de 400 incidencias. Este episodio de calamidad, que se registró entre el 29 de agosto y el 9 de septiembre, afectó severamente a localidades situadas en la margen derecha de los ríos Jiloca, Piedra y Ribota, así como a la zona norte de la provincia de Huesca, donde las lluvias intensas provocaron inundaciones y deslizamientos de tierra.

Otro periodo crítico se presentó entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre, el cual tuvo un impacto notable en las comarcas de Cuencas Mineras y el Matarraña. Este evento climatológico también se extendió a la zona sur de la provincia de Teruel y a localidades cercanas a Castellón y Tarragona, además de las áreas de Calatayud en Zaragoza. El Gobierno de España ha catalogado estas regiones como gravemente perjudicadas por las lluvias, lo que habilita un paquete de medidas para reparar las infraestructuras afectadas y restablecer los servicios esenciales.

El Decreto-Ley incluye una serie de ayudas directas dirigidas a particulares y empresas, que permitirán la rehabilitación de viviendas y la restauración de explotaciones agropecuarias, industrias y comercios, tal como expresó Bermúdez de Castro, quien también destacó la importancia de apoyar a las administraciones locales para la recuperación de sus infraestructuras.

El consejero enfatizó que la lista de municipios afectados permanece abierta a revisión y que todas las solicitudes están siendo evaluadas, asegurando que la inclusión de nuevas localidades no responde a ningún criterio político. Además, indicó que la cantidad destinada a estas ayudas se determinará según lo que sea necesario, con una previsión inicial de 20 millones de euros, los cuales se proporcionarán a través de los remanentes de los fondos de recuperación MRR.

Desde el Partido Popular, el diputado Juan Carlos Gracia Suso subrayó que en momentos como estos “solo debe haber espacio para la unidad, la empatía y la solidaridad", enfatizando la importancia del voluntariado que ha surgido en respuesta a la crisis.

En contrapartida, desde el PSOE, Daniel Alastuey manifestó que se ha actuado con rapidez y se ha buscado ayudar a los afectados de manera coordinada, al tiempo que advirtió que estos fenómenos naturales son una clara señal de la necesidad de preparar adecuadamente el sistema de emergencias para futuros sucesos.

Por su parte, el portavoz adjunto de VOX, Santiago Morón, dejó claro que es imperativo atender con urgencia los daños provocados por las DANA, apoyando la utilización de contratos de emergencia para la reparación de infraestructuras y servicios públicos perjudiados.

El portavoz de CHA, José Luis Soro, argumentó que no es necesario tramitar esta aprobación como un proyecto de ley y aprovechó la oportunidad para solicitar al Gobierno de España que incluya algún municipio aragonés en las ayudas decretadas para la Comunidad Valenciana tras la última DANA.

Asimismo, Tomás Guitarte, representante de Aragón Teruel Existe, solicitó que el decreto se considere posteriormente como un proyecto de ley para permitir la inclusión de enmiendas, mostrando su frustración por el retraso en la publicación de las ayudas necesarias.

Desde Izquierda Unida, Álvaro Sanz expresó su “solidaridad” con aquellos que han sufrido las consecuencias de este desastre, pidiendo una rápida implementación de las medidas y defendiendo el uso de “mecanismos extraordinarios” para facilitar las subvenciones correspondientes.

Finalmente, el diputado del PAR, Alberto Izquierdo, insistió en que “hay municipios que deberían estar incluidos y no lo están”, celebrando la posibilidad de que la lista se amplíe para incluir localidades como Albarracín y Los Olmos, que han sido igualmente afectadas por la crisis.