TERUEL, 19 de julio. En una reciente declaración, el Gobierno de Aragón ha defendido que los recursos disponibles en el centro de acogida de menores inmigrantes no acompañados en Teruel son los mismos que se implementaron durante la administración del PSOE.

Un incendio ha tenido lugar este viernes en el mencionado centro, ubicado en la calle Comadre de la capital turolense. Las autoridades nacionales están investigando las causas del siniestro, que dejó a dos educadores heridos por inhalación de humo.

Desde el Ejecutivo aragonés se ha señalado que la seguridad pública es responsabilidad del subdelegado del Gobierno, así como del necesario control sobre la creciente problemática social en la zona, la cual ha sido desestimada en múltiples ocasiones por dicho funcionario.

Sobre la situación de los menores, se ha advertido acerca del preocupante cambio en el perfil de aquellos bajo tutela de los gobiernos autonómicos, lo que se atribuye a la política de migración de puertas abiertas del Gobierno español, una realidad que ha sido denunciada enérgicamente durante casi dos años por todas las comunidades autónomas.

El Ejecutivo aragonés ha instado al subdelegado del Gobierno y a la secretaria general del PSOE, Pilar Alegría, a explicar cómo se tiene la intención de gestionar económicamente y con personal adecuado la atención de los más de 4,000 menores que se pretende distribuir entre las comunidades autónomas, advirtiendo que esto podría llevar a un nuevo efecto llamada, agravando la ya complicada situación de los sistemas de protección de menores.

Además, se reiteró que el Gobierno de Pedro Sánchez es el responsable de crear soluciones para este problema, tal como había sido insinuado por el Gobierno de Aragón antes de una conferencia sectorial que finalmente no se llevó a cabo el jueves pasado.

El Ejecutivo autonómico está firme en su postura de que debe ser el Gobierno español quien, con los recursos necesarios, asuma la responsabilidad del acogimiento de estos menores migrantes y que establezca su propio sistema de atención. Según sus estimaciones, no será viable garantizar la atención adecuada a los 251 menores migrantes que se desean distribuir por un presupuesto de 3 millones de euros, como propone la administración de Sánchez.