El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, ha expresado su preocupación por lo que considera un secuestro ideológico del presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, por parte de su vicepresidente primero.

ZARAGOZA, 5 Abr.

Beltrán ha elogiado la decisión del Ejecutivo autonómico de aumentar las partidas presupuestarias para el plan de exhumaciones en un 10 por ciento, pero ha calificado esta medida de "acto de trilerismo" en colaboración con Alejandro Nolasco, vicepresidente primero y consejero de Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia.

En sus declaraciones a los medios este viernes, Beltrán ha recordado la derogación de la Ley de Memoria Democrática de Aragón y la eliminación de diferentes elementos relacionados con la memoria democrática, lo cual hace complicado abordar el tema de las exhumaciones sin un marco legal concreto.

El delegado del Gobierno ha cuestionado si las exhumaciones podrán realizarse correctamente sin la estructura jurídica adecuada, a pesar del aumento presupuestario anunciado. Según Beltrán, la derogación de la ley inicialmente contó con enmiendas del Partido Popular y se centra en trabajar por la normalización y la convivencia.

Beltrán ha criticado la posición de Azcón, a quien considera "secuestrado" por Nolasco. Expresó su opinión de que el vicepresidente primero ha utilizado su cargo de manera inapropiada para crispar la convivencia en la comunidad autónoma de Aragón de forma innecesaria e irresponsable.

En cuanto a las acciones del Gobierno de Aragón, Beltrán mencionó una reunión próxima con asociaciones memorialistas y destacó un encuentro previsto con el secretario de Estado de Memoria Democrática para discutir la derogación de leyes de memoria democrática en diversas comunidades autónomas.

El delegado del Gobierno resaltó que el Gobierno de España llevará la derogación de estas leyes a organismos internacionales como la ONU, el Parlamento Europeo y el Consejo de Europa, criticando la desviación del debate hacia aspectos legales en lugar del contenido sustantivo que afecta a derechos fundamentales.