La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha defendido la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) que insta al Gobierno de la ciudad a presentar en seis meses los pliegos del contrato de autobús, argumentando que no conlleva consecuencias jurídicas ni económicas significativas más allá de las costas judiciales. Según Chueca, la alternativa habría sido perder 34 millones de euros de fondos UE solicitados por la actual concesionaria Avanza.

El auto del TSJA establece un plazo de seis meses para la elaboración de nuevos pliegos del contrato del autobús urbano, luego de que en julio del pasado año se decidiera prorrogarlo por cuatro años en lugar de licitarlo nuevamente.

El TSJA otorga la razón a un recurso presentado por la Sociedad Cooperativa Urbana de Trabajadores debido a cláusulas incluidas en los pliegos de 2013 que no cumplían con ciertos requisitos. Chueca asegura que se ha presentado un recurso para solicitar una ampliación de tiempo y asegura que los nuevos pliegos serán legales y cumplirán con la decisión del tribunal.

La alcaldesa criticó la gestión del PSOE en 2013, afirmando que los pliegos aprobados en ese momento fueron un "desastre" que el PP está intentando corregir. Destacó que gracias a la obtención de fondos europeos se logrará cambiar la flota de autobuses y ahorrar 34 millones de euros al Ayuntamiento.

El concejal de VOX, David Flores, ha solicitado la comparecencia de la alcaldesa, cuestionando la legalidad de la prórroga del contrato de autobús. Ha expresado preocupación por las posibles consecuencias de no cumplir con las sentencias judiciales y ha señalado la importancia de respetar el marco legal en este proceso.

Por su parte, la portavoz del grupo municipal de ZeC, Elena Tomás, abogó por la internalización del servicio público de autobuses. Criticó a Chueca por lo que considera una gestión deficiente en movilidad y cuestionó la necesidad de recurrir la decisión judicial.

En conclusión, la polémica en torno a la prórroga del contrato de autobús en Zaragoza continúa generando debate y críticas por parte de distintos sectores políticos, mientras se espera que se tomen las medidas necesarias para cumplir con la decisión del TSJA y garantizar el correcto funcionamiento del servicio de transporte público en la ciudad.