ZARAGOZA, 12 de octubre.

La secretaria general de CHA, Isabel Lasobras, ha dado un paso significativo al presentar una proposición no de ley que será discutida en el próximo pleno de las Cortes de Aragón, programado para el 16 de octubre de 2025. Su intención es poner de relieve la situación de las personas que se dedican a cuidar de familiares con dependencia, buscando asegurar sus derechos y visibilizar su labor.

Un estudio a nivel nacional que analizó la situación de más de 1.000 familias ha arrojado cifras preocupantes: el 93,5 % de los cuidadores son mujeres, y de ellas, el 81,4 % son madres. Estos datos no solo subrayan la feminización del cuidado, sino también la falta de una corresponsabilidad efectiva en el ámbito institucional. Además, alrededor del 70 % de los hijos e hijas que requieren atención presentan un Grado III de dependencia, lo que conlleva una necesidad de cuidados permanentes y exigentes, pero con escaso apoyo por parte de los servicios públicos.

Lasobras destaca que el peso del cuidado de personas con alta dependencia recae mayormente en las mujeres, perpetuando desigualdades estructurales que acarrean consecuencias profundas en diversos aspectos de la vida. Esta situación ha sido ignorada en gran medida por las políticas públicas, por lo que hace un llamado para que las instituciones actúen y reconozcan el crucial papel que desempeñan estas cuidadoras.

El informe también revela que el 73 % de las personas dependientes son menores de 18 años y un 20 % son menores de 30 años. Esta circunstancia obliga a muchas madres a abandonar o reducir su trabajo, lo que impacta negativamente en su salud, independencia económica y desarrollo profesional.

En respuesta a esta situación, CHA ha propuesto que las Cortes de Aragón insten al Gobierno regional a permitir una compatibilidad entre la prestación económica por cuidados en el hogar y el acceso a centros de día. Esto aseguraría que las familias cuidadoras no pierdan las ayudas al acceder a recursos profesionales.

La propuesta también implica que se contemple la opción de alojamiento temporal para las personas que asistan a centros de día en residencias adecuadas, especialmente para asegurar la continuidad en el cuidado ante cualquier eventualidad que afecte a la persona que brinda atención.

Por último, Lasobras solicita al Gobierno de España que reconozca oficialmente el trabajo de cuidado realizado por familiares como una actividad laboral, dotándola de derechos de remuneración y cotización a la Seguridad Social, independientemente de si la persona dependiente es atendida en un centro de día.

“Las cuidadoras familiares sostienen el bienestar de la sociedad desde la precariedad y la invisibilidad; ha llegado el momento de crear un marco legislativo que dignifique su labor, garantice sus derechos y fomente la corresponsabilidad”, concluye Lasobras.