Una reciente encuesta del Banco Europeo de Inversiones ha revelado que un 47,8% de las empresas en España considera que la regulación actúa como un "obstáculo importante" para la inversión a largo plazo. Este porcentaje contrasta notablemente con el 26% observado entre las empresas en el resto de Europa, lo que sugiere que la normativa actual está afectando negativamente tanto la productividad como la competencia en el mercado.

El informe, elaborado por Gregorio Izquierdo y María Higuera del Instituto de Estudios Económicos, aparece en el último número de la Revista Economía Aragonesa, en el que se analiza el impacto de la sobrerregulación sobre los costos empresariales. Según los autores del estudio, un marco normativo que sea "estable y predecible" es fundamental para fomentar el crecimiento de las empresas, subrayando que las regulaciones deben servir para facilitar los objetivos empresariales, no para complicarlos.

El análisis también revela que, al considerar la perspectiva de las pequeñas y medianas empresas, ese porcentaje asciende alarmantemente al 63%. Esto indica que las pymes están sintiendo aún más el peso de un entorno regulatorio oneroso, lo que de alguna manera limita su capacidad de crecimiento y sostenibilidad.

En el Ranking de Calidad Regulatoria del Banco Mundial correspondiente a 2023, España ocupa uno de los últimos lugares entre las naciones de la Unión Europea, lo que implica que nuestras empresas tienen que hacer frente a cargas más pesadas que muchas de sus contrapartes europeas. Los expertos han señalado que España ha caído tres posiciones en este ranking desde 2019, lo que se atribuye a un aumento significativo de la normativa en las últimas décadas.

El estudio revela que España se ha visto atrapada en una "vorágine" legislativa, con tres problemas centrales que enfrentan las empresas: el exceso de regulación y sus frecuentes cambios, la complejidad en la transposición de leyes de un país a otro y la carga desigual que enfrentan las pequeñas empresas en relación con las grandes corporaciones.

Los especialistas han destacado que la inflación normativa en España es en gran parte atribuible al poder legislativo de las comunidades autónomas, que generan el 70% de todas las regulaciones. Esta diversidad de normativas puede afectar críticamente la unidad del mercado, creando un clima de incertidumbre para los negocios.

En 2023, un total de 945 normas, tanto estatales como autonómicas, fueron aprobadas, lo que se traduce en aproximadamente tres nuevas leyes al día. Esta avalancha legislativa representa 1.275.465 páginas de legislación, lo que implica que una persona necesitaría leer casi 3.500 páginas diarias para mantenerse al día.

El estudio concluye que esta sobrerregulación es un factor que inhibe la libertad empresarial, reduce la productividad y daña la competencia. Los economistas implicados abogan por un enfoque regulatorio más claro y accesible que genere confianza en el empresariado.

La necesidad de implementar una "regulación inteligente" ha sido un tema recurrente en los debates en Europa. La Comisión Europea ha lanzado un plan, conocido como "Brújula para la Competitividad", que busca reducir en un 25% las cargas administrativas, alcanzando hasta un 35% en pymes. Este tipo de medidas podrían generar ahorros significativos en costos administrativos y desbloquear millones en inversiones tanto públicas como privadas.

Los autores del análisis también han advertido sobre los riesgos que plantea la hiperactividad normativa, indicando que puede desalentar la inversión y la contratación, obstaculizando la innovación. De hecho, un alto costo asociado al cumplimiento normativo podría empujar a algunas empresas a operar fuera del ámbito legal, aumentando la economía sumergida.

Por último, han dejado claro que simplificar la normativa no significa renunciar a las garantías; por el contrario, una regulación adecuada y menos compleja puede ser más transparente y manejable, generando así un clima de confianza favorable para el desarrollo económico.