ZARAGOZA, 22 de mayo. - En una firme postura, la Dirección General de Carreteras del Gobierno de Aragón ha manifestado su intención de que los 13 núcleos poblacionales afectados por el Corredor 12 del plan concesional del Ministerio de Transportes no queden sin servicio de autobús estatal.

El director general de Transportes, David Sánchez, ha hecho hincapié en la seriedad de la situación guardando vigilia sobre el nuevo servicio de autobuses que pretende implementar el Gobierno central, el cual conecta Madrid y Valencia y afecta directamente a varias localidades de la provincia de Teruel. Este cambio podría acarrear serias repercusiones para los residentes de los núcleos como Alba, Cella, y otros en la ruta, quienes perderían la parada del bus.

Antes de detallar las razones que motivarán las alegaciones que presentará el Gobierno aragonés, Sánchez ha reflexionado acerca del modelo planteado en la futura Ley de Movilidad Sostenible, actualmente en tramitación por las Cortes Generales, y que ha dado lugar al mencionado anteproyecto correspondiente al Corredor 12.

El director ha subrayado un cambio preocupante en la filosofía del servicio, señalando que se está pasando de un enfoque centrado en la atención a las diversas poblaciones a uno que prioriza los beneficios económicos de las empresas a expensas del servicio público para los ciudadanos que habitan en las localidades afectadas. Esto, a su juicio, representa un golpe duro para regiones como Aragón que ya enfrentan desequilibrios demográficos significativos.

Además, con la llegada del nuevo mapa concesional, el Ministerio parece trasladar la carga económica a la Comunidad Autónoma, obligando a Aragón a asumir la responsabilidad de transportar a los viajeros de esos municipios que perderán el servicio hacia los tres que aún contarán con paradas, sin la compensación adecuada que esto implica.

Sánchez también advirtió que el nuevo modelo impuesto por el Ministerio podría causar confusión, dado que los usuarios tendrían que hacer transbordos entre el servicio estatal y el autonómico, sin información concreta sobre los horarios de dichas expediciones, lo que podría afectar la eficacia del transporte.

En este marco, ha expresado su preocupación por la falta de colaboración del Ministerio en el diálogo sobre este modelo, lo que, según él, evidencia un enfoque autoritario que limita la participación de las Comunidades Autónomas a solo aquellos aspectos que le son convenientes.

Frente a esta adversidad, el Gobierno de Aragón se ha comprometido a que no se supriman las paradas en los núcleos afectados. En caso de que el Gobierno central ignore su demanda, Aragón presentará alegaciones al anteproyecto para buscar alternativas que reduzcan el impacto negativo en estos pueblos.

Una de las posibles soluciones propuestas incluye la implementación de paradas a demanda, permitiendo que los usuarios accedan al servicio siempre que lo necesiten.

Asimismo, el Ejecutivo aragonés exigirá que el contrato entre el Estado y las empresas concesionarias incluya obligaciones claras para la supervisión de los horarios, con el objetivo de conseguir una mejor coordinación entre ambos sistemas de transporte y ofrecer un servicio más eficaz a los ciudadanos.

Aragón también reclama una compensación económica adecuada que permita financiar los servicios que el Estado dejaría de ofrecer con el nuevo mapa concesional. El director general mencionó que los 40 millones de euros anuales propuestos para abordar el desvío de servicios a nivel nacional son claramente insuficientes. “Si vamos a asumir estas cargas, necesitamos un financiamiento realista y sostenido a largo plazo”, concluyó Sánchez.