ZARAGOZA, 14 de octubre. El Gobierno de Aragón, a través del Departamento de Bienestar Social y Familia, se encuentra en la fase final de la firma de nuevos acuerdos para incrementar la asistencia a domicilio destinada a personas en situación de dependencia. Este incremento llevará las tarifas de 20 y 21 euros por persona, que se aplicaban en zonas con población dispersa, a nuevas cifras que oscilarán entre 25,7 y 26,7 euros, según reveló la consejera Carmen Susín durante su comparecencia ante la Comisión de las Cortes de Aragón, convocada por PSOE e IU.

Durante su exposición, Susín destacó que Aragón ha logrado avances significativos en los últimos dos años para optimizar el sistema de atención a la dependencia. Aunque reconoció que aún queda un largo camino por recorrer, enfatizó que la financiación del sistema se encuentra estancada a causa del Gobierno central. Criticó además que las exigencias de los partidos independentistas podrían poner en peligro la asistencia en otras regiones del país.

La consejera también mencionó que se ha eliminado la restricción que impedía a los ciudadanos acceder a las solicitudes de asistencia. Actualmente, el sistema reconoce el derecho de atención a 41,000 aragoneses, con solo 120 personas esperando una resolución. Aragón se posiciona así entre las comunidades con menor lista de espera superior a seis meses.

En 2022, se generaron más de 900 resoluciones de atención a la dependencia y en lo que va de año la cifra ha ascendido a 4,158, lo que refleja la correcta gestión de los recursos disponibles. Se ha superado el número de usuarios atendidos, alcanzando 47,941, con más de 63,000 prestaciones activas, lo que representa un aumento del 10% con respecto al mismo período del año anterior.

El programa individual de atención abarca al 56% de las personas dependientes, destacando que el tiempo medio de resolución se ha reducido a 152 días, tres menos que en agosto, y considerablemente por debajo de la media nacional, señaló Susín.

En septiembre de 2024, el número de solicitudes en lista de espera alcanzó las 4,900, lo que representa una reducción superior al 30%, la cifra más baja desde marzo de 2022. Además, solo 704 personas llevan más de seis meses esperando, colocando a Aragón en un nivel mejor que la media nacional en este aspecto.

Susín resaltó que es fundamental continuar avanzando en prestaciones y mencionó que el programa para contar con un cuidador en casa está siendo bien recibido, con 690 familias que ya se han apuntado. Actualmente, hay 10,849 personas beneficiándose del servicio de teleasistencia y 10,342 más con prestaciones vinculadas a servicios, además de más de 12,000 para residencias.

La consejera, sin embargo, subrayó que para incrementar prestaciones o ampliar el servicio de teleasistencia se necesitarán presupuestos adecuados. Anunció una subida del 25% en el precio de las plazas en residencias, asegurando que la gestión del Gobierno anterior había dejado a estas instalaciones en una situación crítica.

Además, expresó que mantiene una buena relación con el ministro Bustinduy, a pesar de que este tiene la financiación congelada. Susín argumentó que el Gobierno de Pedro Sánchez ha generado una desigualdad en la financiación entre comunidades, favoreciendo a Cataluña y el País Vasco sobre el resto de España.

La consejera instó al Gobierno español a crear un grupo de trabajo que aborde la escasez de trabajadores en centros asistenciales y de ayuda a domicilio, proponiendo también iniciativas en áreas como extranjería, educación y empleo.

La diputada del PSOE, Pilimar Zamora, exigió que la plantilla en estos servicios sea estable y suficiente, añadiendo que simplemente contar con normativa no garantiza la efectividad del servicio. Criticó que, frente a las prioridades de Susín, pareciera que se anteponen las prestaciones de bajo costo, manifestando que el 41% se limitan a teleasistencia y el 28.2% a asistencia en el hogar.

Zamora recordó la reciente promesa del presidente Jorge Azcón sobre incrementar las tarifas de asistencia en comarcas, aunque lamentó que no se destinen recursos para un plan de mejoramiento de infraestructuras. Enfatizó la necesidad de mejorar las condiciones laborales en los centros, subrayando que el gasto por persona ha sido un 33% inferior a la media española.

Desde su perspectiva, “lo público refuerza lo privado” bajo la gestión del PP y cuestionó la falta de una regulación clara para la figura del asistente personal, así como la competencia de las tarifas en residencias, que son las más bajas del país. Criticó que la consejera ha estado en una eterna oposición, y alertó sobre el riesgo de que esta pueda ser una “legislatura perdida”.

Álvaro Sanz, diputado de IU, argumentó que el modelo de prestaciones es solo un paso temporal hacia un sistema público de cuidados. Sanz cuestionó la cuantía de las ayudas para profesionales del cuidado, indicativo de que se encuentran ente 30 y 50 euros por debajo de la media nacional. Advertía que el modelo actual es “disfuncional” y reconoció que la ayuda a domicilio está rezagada en comparación con la media nacional.

Sobre el sistema de residencias, Sanz criticó que la ratio de residentes sigue la legislación anterior a la ley de atención a la dependencia, sugiriendo que se repiten patrones del pasado. “En lugar de invertir en el cuidado de nuestros mayores, preferimos gastar en campos de fútbol”, reprochó.

Silvia Casas, diputada del PP, defendió que al llegar su partido al Gobierno, el sistema de atención a la dependencia estaba cerca del colapso, y ahora se evidencian “cambios positivos”. Señaló que el presupuesto es el más alto de la historia y que se están entregando más prestaciones que nunca en un tiempo récord. Elogió la agilidad en los procedimientos del Departamento, asegurando que la atención a la dependencia está en su mejor momento en la comunidad, aunque aceptó que siempre hay espacio para mejorar.

Desde Vox, David Arranz planteó que la atención a la dependencia es una cuestión que involucra vidas y personas, criticando las políticas del bipartidismo. A pesar de ello, reconoció que ha habido avances en esta legislatura, aunque advirtió que el crecimiento de la demanda será significativo, con decenas de miles de expedientes activos, lo que requiere una estructura que prevenga acumulaciones y retrasos. “Gastamos mucho más en menores extranjeros que en nuestros mayores dependientes”, remarcó.

La diputada de CHA, Isabel Lasobras, exigió una transformación y reforzamiento del sistema de servicios sociales desde una perspectiva constructiva, sugiriendo la integración de la plataforma de atención a la dependencia con Atención Primaria para evitar la dispersión de datos y agilizar la gestión de solicitudes. Alerta también sobre lo que ella llamó “privatización encubierta”.

Pilar Buj, de Aragón-Teruel Existe, enfatizó que los datos no deben ocultar las realidades individuales y sus necesidades, reclamando avances en la capacidad de prestación de servicios y instando a un “debate sereno” sobre la situación. También mencionó el servicio de comida a domicilio en la comarca de Cuencas Mineras y el esfuerzo del área de Servicios Sociales para atender estas necesidades.