ZARAGOZA, 13 de octubre

En un reciente comunicado, el Gobierno de Aragón ha instado al portavoz de Vox en el Parlamento, Alejandro Nolasco, a que actúe con mayor seriedad y responsabilidad al hacer declaraciones sobre asuntos migratorios. Asimismo, le han sugerido que adquiera una perspectiva más realista al considerar un viaje a Marruecos y Argelia con el fin de negociar acuerdos de repatriación.

Esta solicitud llega como respuesta a la afirmación de Nolasco, quien expresó su disposición a asumir las competencias migratorias en el Departamento de Bienestar Social con el objetivo de facilitar la firma de convenios para la repatriación de menores extranjeros no acompañados, conocidos como menas. Sus comentarios fueron una reacción a las declaraciones del presidente aragonés, Jorge Azcón, quien había afirmado que cualquier miembro de Vox que considere que incumplir la ley es el camino adecuado debería aceptar un puesto en el departamento y enfrentar las consecuencias de sus actos.

El Gobierno, bajo la dirección de Azcón, ha indicado que las afirmaciones de Nolasco revelan un profundo desconocimiento sobre la realidad de las políticas migratorias y la legalidad vigente. En este contexto, han subrayado que el delegado del Gobierno es quien tiene la responsabilidad de iniciar y gestionar los procedimientos de repatriación, involucrando a la Fiscalía y a los propios menores, cuyo interés superior debe ser prioritario en cada caso.

El Ejecutivo ha enfatizado que tanto los menores como sus países de origen pueden negarse a ser repatriados, lo que complica hasta el punto de hacer inviable la propuesta de Nolasco. Añaden que, actualmente, no existen acuerdos de devolución efectivos con Argelia y Marruecos, que suspendieron la repatriación de menores en 2022 y 2017, respectivamente.

Por otra parte, el Gobierno aragonés ha aclarado que no mantiene convenios directos con organizaciones como Cruz Roja, Accem, Cepaim y Apip-Acam, a las que Nolasco ha acusado de participar en el tráfico de personas. Las subvenciones a estas entidades se obtienen a través de un sistema de concurrencia competitiva y se destinan a diversos programas sociales, incluyendo atención a personas sin hogar, apoyo a mayores y ayuda a víctimas de trata, entre otros.

Si bien existen acuerdos de colaboración con Cepaim y Accem para la gestión de centros de menores, estos no se limitan a migrantes, quienes representan solo una fracción de la población acogida, lo que demuestra que Nolasco ha simplificado en exceso la realidad del sistema de protección a la infancia.

Además, el Gobierno ha recordado que la responsabilidad sobre los adultos migrantes recae en el Estado. Aquellos que llegan a la comunidad autónoma a través de contratos y acuerdos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones son parte de programas de acogida humanitaria, protección internacional o asilo, financiados por el Gobierno de España. La autonomía regional no tiene control sobre su ubicación ni los detalles de su llegada.

Ante la situación, han solicitado repetidamente al Ejecutivo central mayor coordinación e información sobre estos casos, destacando los problemas de sinhogarismo que pueden surgir una vez que estos individuos finalizan su paso por los programas de acogida.

El Gobierno de Aragón ha reiterado que su única competencia en los casos de migrantes es el ámbito de la sanidad y la educación, que deben ofrecerse independientemente del estatus administrativo de las personas implicadas.

Los gobiernos locales y comarcales son quienes realmente enfrentan los desafíos sociales derivados de la inmigración y el sinhogarismo, a menudo sin apoyo financiero del Ejecutivo central.

Además, han señalado que el actual sistema de repatriación ha cambiado desde que el Gobierno central canceló el acuerdo voluntario de 2022, instituyendo un nuevo decreto que ha sido mal recibido por el Ejecutivo aragonés, ya que consideran que prioriza a ciertos socios políticos en lugar de abordar de manera efectiva las necesidades de la comunidad.

Finalmente, el Gobierno del PP ha desmentido a Nolasco respecto a la derogación de la Ley de Memoria Democrática, asegurando que no fue una "imposición", ya que la propuesta formó parte de su agenda en el último congreso autonómico, junto con un Plan de Concordia que incluye iniciativas como la recuperación de restos de represaliados de la Guerra Civil.