En Zaragoza, el diputado de Vox en las Cortes de Aragón, David Arranz, ha lanzado un fuerte reclamo a la consejera de Bienestar Social y Familia del Gobierno regional, Carmen Susín. Arranz demanda el cierre inmediato de los centros de acogida destinados a menores migrantes no acompañados y la anulación de contratos con ONG y entidades, a las que acusa de obtener beneficios de la migración y colaborar en el tráfico de personas, citando nombres como ACCEM, APIPACAM, CEPAIM y Cruz Roja.

Durante una conferencia de prensa, Arranz reiteró que el cierre de estos centros debería ir acompañado del regreso de los menores a sus países de origen, donde podrían ser educados en su entorno familiar y cultural. Sugirió que, hasta que esto se lleve a cabo, los centros debieran reubicarse en áreas alejadas de las ciudades para minimizar problemas de seguridad y convivencia, y expresó su deseo de que los residentes de los barrios sean tomados en cuenta antes de abrir nuevas instalaciones que, según él, son ilegales y afectan desproporcionadamente a las comunidades más humildes.

El parlamentario de Vox destacó la "completa falta de control" sobre los menores migrantes, quienes a menudo están involucrados en conductas delictivas, consumo de sustancias y alteraciones del orden público. En este sentido, solicitó que la gestión de estos centros pase a ser exclusiva del Departamento correspondiente y no compartida con organizaciones no gubernamentales.

Además, Arranz sugirió la elaboración de un decreto que limite la autonomía de cada centro y establezca regulaciones claras sobre el régimen interno, así como la implementación de pruebas médico-forenses de edad en colaboración con la Fiscalía, para garantizar la correcta verificación de la edad de los menores. También instó a la comunidad autónoma a establecer acuerdos con otros países para facilitar el retorno de estos jóvenes, en virtud de la legislación vigente sobre extranjería.

El legislador criticó la inacción del Gobierno de Aragón y del bipartidismo en este asunto, que ha llevado a una situación precaria donde se externalizan responsabilidades a ONG pro inmigracionistas, lo cual, a su entender, ha culminado en problemas de convivencia y aumento de la delincuencia en los centros.

Arranz hizo especial énfasis en la despreocupación de la consejera, quien, según él, elude las preguntas respecto a incidentes de violencia y disturbios en los centros, como el último incendio en el reformatorio de Juslibol. Expresó su sorpresa por la respuesta de Susín a la propuesta de permitir a los trabajadores el uso de la aplicación 'AlertCops', señalando que un educador en peligro no debería depender de un app para alertar a las autoridades, en lugar de recurrir directamente a la policía.

El diputado concluyó manifestando que muchos ciudadanos de Aragón están inquietos por la llegada descontrolada de inmigrantes ilegales y sus consecuencias en términos de seguridad y el uso de recursos públicos. En este sentido, afirmó que la gestión actual del gobierno está favoreciendo una ola de inmigración que perjudica a la población aragonesa.

Finalmente, Vox ha solicitado explicaciones a la consejera sobre el incendio en el Centro de Atención a la Infancia Migrante en Torrero y si aquellos responsables de este acto vandálico siguen bajo la tutela del Gobierno. Arranz lamentó que Susín se evade del debate, dejando en el aire la continuidad de beneficios públicos para los menores, incluidos aquellos involucrados en el incidente del incendio, cuestionando la prioridad que se les concede sobre los derechos y necesidades de los aragoneses.