Un reciente informe del Ministerio de Sanidad ha puesto de manifiesto las diferencias significativas en la realización de abortos a nivel nacional, destacando que cuatro de cada cinco interrupciones voluntarias del embarazo se llevan a cabo en clínicas privadas. Este estudio, que abarca el período de 2015 a 2024, revela que solo algunas comunidades autónomas logran que más de la mitad de los abortos se efectúen en el sistema público de salud.

Específicamente, los datos indican que Cantabria (88,5%), Galicia (77%), La Rioja (76,1%), Navarra (74,8%) y Cataluña (55,1%) son las únicas regiones que superan el 50% de procedimientos realizados en hospitales públicos. En contraposición, Aragón apenas presenta un 2,3% de abortos realizados en centros de salud pública.

La ministra de Sanidad, Mónica García, enfatizó la importancia de garantizar que los abortos se realicen dentro del sistema público de salud. García argumentó que es fundamental no solo para evitar que las comunidades financien clínicas privadas, sino también para que las mujeres tengan acceso a esta prestación sanitaria que forma parte de sus derechos. Además, subrayó la necesidad de permitir a las mujeres escoger libremente.

Analizando el panorama nacional, se observa que otras comunidades como Baleares (45,4%), Canarias (28,6%) y Castilla y León (15,5%) presentan cifras aún más bajas, mientras que algunas regiones, como Madrid y Andalucía, apenas llegan al 0,5% y 0,2%, respectivamente, en lo que se refiere a la atención pública en estas prácticas.

Según el informe, en el año 2024 se contabilizaron 106.172 interrupciones voluntarias del embarazo en España, de las cuales solo 22.563 (21,25%) se llevaron a cabo en clínicas públicas. Estos números muestran un incremento notable de casi siete puntos desde 2019, cuando solo el 14,3% se realizaban en el ámbito público, evidenciando un aumento del 50% en la participación del sistema de salud pública en este tipo de atención.

Las comunidades con un mayor porcentaje de abortos en el sistema público tienden a favorecer el uso de métodos farmacológicos, mientras que en aquellas donde predominan las clínicas privadas, como Andalucía y Madrid, se opta majoritariamente por procedimientos quirúrgicos, alcanzando un 86% y 94% respectivamente.

Este informe también subraya cómo la estructura del sistema de salud condiciona no solo la accesibilidad, sino el tipo de procedimientos que las mujeres tienen a su disposición, lo que impacta en su autonomía y experiencia. García reiteró el compromiso de encontrar maneras efectivas para facilitar un acceso equitativo a la interrupción del embarazo.

Se alerta sobre el riesgo que representa mantener el aborto fuera del sistema publico, ya que esto no solo crea una 'doble privatización', sino que también invisibiliza esta prestación y obstaculiza los principios de universalidad y acceso libre a la atención sanitaria.

Otra de las preocupaciones resaltadas es cómo la falta de recursos que conecten a las mujeres con centros públicos restringe su libertad de elección, al mismo tiempo que muchas deben dejar su red de atención habitual para acceder a una IVE, afectando la calidad de su cuidado médico.

Finalmente, el informe revela una contradicción fundamental: aunque la mayoría de las mujeres reciben la información necesaria sobre la interrupción del embarazo en centros públicos, la gran mayoría de las prácticas se efectúan en la privada. La ministra García destacó que centralizar estos servicios podría garantizar protocolos consistentes, aunque también plantearía dificultades en el acceso para algunas mujeres.

Aún no existen soluciones perfectas, pero el informe pone de relieve importantes "incoherencias" que demandan una mejora en la capacidad del Sistema Nacional de Salud para ofrecer un acceso integral y equitativo en la salud reproductiva.

Entre las recomendaciones, se propone implementar registros actualizados de objetores de conciencia en todas las autonomías y asegurar la presencia de profesionales no objetores dentro del sistema de salud, para garantizar una atención pública adecuada.

Además, se busca promover la normalización del aborto como parte de la oferta del SNS, con protocolos estandarizados y circuitos de atención bien coordinados, así como fomentar el uso del método farmacológico en entornos públicos, aprovechando las experiencias exitosas de comunidades como Cantabria o Navarra.

En resumen, la ministra subrayó el reto de extender las mejores prácticas a las comunidades que aún se rezagan, en particular aquellas que representan un volumen significativo de interrupciones, asegurando así el cumplimiento de la ley y garantizando la equidad en el acceso a esta atención tan necesaria.