En Zaragoza, el 9 de octubre, el consejero de Fomento, Logística, Vivienda y Cohesión Territorial del Gobierno aragonés, Octavio López, ha levantado la voz contra lo que califica como una "discriminación" por parte del Gobierno de Cataluña a la hora de acceder a terrenos estatales destinados a la construcción de viviendas.

López ha expresado que algunos gobiernos reciben apoyo sin costo alguno por compartir ideologías con el partido en el poder, mientras que a otros se les exige pagar precios por el mismo servicio solo por no alinear sus intereses políticos con los del presidente Sánchez.

Esta acusación se centra en la reciente intervención de Salvador Illa, presidente de la Generalitat, en el Parlamento catalán. Illa anunció un acuerdo con el Ministerio de Vivienda para gestionar el patrimonio de la SAREB en Cataluña, lo que incluye alrededor de 13,000 viviendas y 300 terrenos disponibles.

El consejero aragonés ha subrayado que la marginación que sufre Aragón por parte del Gobierno de Sánchez "es evidente", referenciando el hecho de que la portavoz del PSOE en la región es también secretaria general del partido.

López ha presentado tres cartas dirigidas a la ministra de Vivienda, al ministro de Economía y al consejero delegado de la SAREB, en las que solicitó la cesión de terrenos para la construcción de 2,000 viviendas públicas en Zaragoza, con la condición de que tales recursos retornarían al Estado tras un período de 75 años.

Sin embargo, el Gobierno de Aragón ha recibido la respuesta negativa de la SAREB, que, en lugar de colaborar, exige que Aragón adquiera los terrenos a precio de mercado, sugiriendo que su situación actual no requiere asistencia del Gobierno central.

El consejero ha sido claro al afirmar que esta actitud responde a una política sesgada y discriminatoria del Gobierno español hacia los ciudadanos aragoneses, recriminando que tales decisiones fomentan desigualdades entre las diferentes comunidades autónomas.

Octavio López destacó los esfuerzos del Gobierno de Aragón con un plan autonómico que prevé una inversión de 400 millones de euros, con el objetivo de crear casi 5,000 viviendas públicas durante esta legislatura. El consejero enfatizó que estas medidas están destinadas a ayudar a jóvenes aragoneses, quienes se han visto perjudicados por las ineficaces iniciativas en materia de vivienda del Gobierno central.

En respuesta a esta situación de "franca discriminación", López ha decidido enviar nuevamente una carta al Ministerio de Vivienda, reiterando su solicitud de cesión de terrenos en Zaragoza, así como contactará al Ministerio de Defensa para resolver un contencioso con respecto a un terreno que la administración autonómica cedió en 1994 para vivienda militar, que hasta la fecha no ha sido desarrollado.

López culminó su declaración criticando al gobierno actual, señalando que su falta de diálogo y colaboración es inaceptable y no beneficia a ningún ciudadano, independientemente de su orientación política. "Esa es la actitud del Gobierno de Sánchez", sentenció.