El Gobierno de Aragón ha reiterado su firme rechazo a la reciente propuesta del Real Decreto Ley que regula cómo se distribuirán los menores migrantes no acompañados que actualmente se encuentran en Canarias. La consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, emitió esta postura durante su asistencia a la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, celebrada en Madrid, donde no se llevó a cabo una votación entre las Comunidades Autónomas.

Susín explicó que tras largas cinco horas de debate, quedó evidente que el Gobierno temía perder la votación debido a que incluso algunas comunidades gobernadas por el PSOE se oponían al punto en cuestión. En su opinión, resultó "surrealista" que, a pesar de las claras señales de rechazo, el Ejecutivo no decidiera retirar el tema para evitar una derrota cuasi segura.

La consejera dijo: "Nos encontramos en una reunión que carecía de validez legal y que, al ver que algunas comunidades, como Castilla-La Mancha, manifestaban su intención de votar en contra y presentar recursos de inconstitucionalidad, optaron por no permitir que se votara”. Carmen Susín calificó lo sucedido como una “opereta”, subrayando la falta de un plan claro por parte del Gobierno en cuanto a su estrategia sobre los menores provenientes de Canarias.

El descontento del Gobierno aragonés, según explicó Susín, radica en que los criterios propuestos perpetúan la desigualdad y no reflejan el esfuerzo que Aragón ha realizado en la atención a estos menores en los últimos años. “Estamos viendo cómo se penaliza a comunidades que han trabajado arduamente en la protección infantil, mientras que otras, que no han hecho lo mismo, reciben beneficios”, indicó.

Sobre la situación de los menores, la consejera enfatizó que Aragón es una comunidad “solidaria” dispuesta a ofrecer atención digna a aquellos que se encuentran en una situación extremadamente vulnerable. “Sin embargo, esto se torna complicado cuando el sistema de protección de menores se sobrecarga por decisiones que no contaban con nuestra consulta”, lamentó Susín.

Asimismo, destacó que la vulnerabilidad de estos menores es el resultado de la falta de una política migratoria coherente por parte del Gobierno central, y subrayó que la dignidad de todos los menores debe ser preservada sin importar su origen. Carmen Susín también remarcó que actualmente Aragón no cuenta con suficientes recursos ni con la infraestructura necesaria para atender la cantidad de menores que se propone en el reparto.

Durante su intervención, Susín denunció que el Gobierno central está incumpliendo un fallo reciente del Tribunal Supremo que obligaba al Estado a asumir la tutela de 1.200 menores migrantes no acompañados. “Muchos se preguntan si el Gobierno tiene recursos para atender a esta población, entonces, ¿por qué se asume que las comunidades sí disponemos de ellos?”, enfatizó.

La consejera criticó además que se incluyera a este millar de menores en el nuevo reparto de manera informal, “una vez más, por la puerta de atrás”. Según Susín, la propuesta de gestión migratoria del Ejecutivo de Pedro Sánchez se realizó sin un diálogo real con las comunidades, priorizando los intereses de Cataluña por encima de las necesidades del resto de España. “No podemos aceptar que se impongan criterios que favorezcan solo a un territorio”, añadió.

En cuanto a los 100 millones de euros anunciados para cubrir los gastos derivados de este reparto, Susín lamentó que realmente se destinarán a facilitar traslados y atender a comunidades consideradas 'tensionadas'. “Esto implica, de nuevo, un tipo de financiación encubierta para Cataluña”, señaló.

La consejera destacó que Aragón deberá establecer 450 plazas para menores no acompañados sin recibir el financiamiento correspondiente del Estado, algo que ella considera una clara muestra de desigualdad. “Todo esto es una estrategia fallida para resolver un problema creado por el Estado a expensas de comunidades que han demostrado su capacidad y disposición”, agregó.

En la conferencia, Aragón exigió mejor coordinación y planificación, manifestando que se está trasladando la carga de responsabilidad a las comunidades sin su participación. Para Susín, esto constituye una invasión de competencias y contraviene la Constitución española.

El Real Decreto Ley en cuestión estipula que la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia debe alcanzar un acuerdo unánime sobre el reparto, y si no se logra, se imponen criterios que benefician principalmente a Cataluña. “Lucharemos con todos los recursos legales a nuestra disposición porque consideramos esta ley injusta y contraria a nuestra Constitución”, concluyó la consejera.

Finalmente, el Gobierno de Aragón ha reafirmado su posición al votar en contra durante la reunión de la Sectorial, por lo que mantiene su desafío ante las acciones administrativas que puedan derivarse del Real Decreto Ley, así como ante la convocatoria de esta conferencia, que han considerado improcedente.