En un reciente acto celebrado en Zaragoza, la consejera de Bienestar Social y Familia de Aragón, Carmen Susín, aseguró que el Gobierno autonómico está cumpliendo con su deber de crear plazas para menores migrantes, insistiendo en que estos deben ser atendidos "con la dignidad y la calidad que el sistema de protección infantil requiere". Sin embargo, la consejera criticó el escaso suministro de información por parte del Gobierno central.

Susín expresó su preocupación por la falta de datos disponibles, indicando que no se conoce cuántos menores migrantes tendrán que ser atendidos, ni cuándo llegarán esos menores. "No tenemos ninguna información", lamentó durante sus declaraciones a los medios de comunicación.

Hasta la fecha, el Gobierno de Aragón no ha habilitado enfoques para acoger a menores migrantes, dado que estos aún no han llegado. Sin embargo, la consejera recordó que el sistema de protección de la comunidad cuenta con 104 plazas que ya están sobrepasadas. "Es evidente que debemos continuar ampliando", aseguró, destacando que este ha sido un trabajo constante durante el verano, a pesar de las dificultades encontradas.

La consejera detalló que se están realizando esfuerzos con entidades sociales para la creación de estas plazas, pero lo están haciendo "en un escenario imaginario", dado que no tienen claro si se trata de menores de 14, 15 o 17 años. También están en busca de recursos materiales, un proceso que no está resultando sencillo.

Susín subrayó las "dificultades" que enfrenta el Gobierno de Aragón para planificar adecuadamente, pero afirmó contundentemente que cumplirán con la ley y garantizarán un sistema de protección a la infancia que es responsabilidad propia de la comunidad autónoma, y no del Gobierno de España.

La consejera criticó la "irresponsabilidad" del Gobierno central, que, según ella, no proporciona la información necesaria a las comunidades autónomas, complicando enormemente la organización para encontrar "espacios dignos" y profesionales capacitados para la atención de estos menores, sin ni siquiera conocer sus necesidades básicas.

Además, Carmen Susín reafirmó la postura del Gobierno de Aragón en contra del reparto de menores migrantes no acompañados, calificando el real decreto del Ejecutivo español como "inconstitucional" y una violación de competencias autonómicas.

En sus críticas al Gobierno de España, la consejera señaló que en lugar de dialogar, este ha buscado imponer condiciones que, a su juicio, responden más a los intereses del presidente del Gobierno y a las presiones de partidos independentistas, que se han negado a acoger a menores en sus comunidades.

La consejera expresó su opinión de que ceder a estas presiones es un acto "racista y xenófobo", refiriéndose a la negativa de algunos partidos a aceptar la llegada de menores migrantes.

Por todo ello, el Ejecutivo aragonés tiene previsto impugnar "cada uno de los actos normativos y administrativos" que se desprendan de dicho real decreto, reiterando su anterior demanda ante el Tribunal Constitucional. Insistió en que su oposición no es por falta de solidaridad, y recordó el acuerdo de 2022 que estableció criterios de acogida voluntaria que Aragón siempre ha respetado.

La razón detrás del rechazo de Aragón, según Susín, es lo que considera como una "invasión de competencias" y un "chantaje" que proviene de partidos independentistas, así como el reflejo de la situación político-administrativa del presidente del Gobierno de España.

Finalmente, Carmen Susín reafirmó que el Gobierno de Aragón es "un gobierno que cumple con las leyes y trabaja dentro del marco del Estado de Derecho", reiterando su compromiso con la legalidad vigente.