En Zaragoza, el 20 de mayo, la Comisión de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial de las Cortes de Aragón ha dado un paso significativo al proponer la creación de un fondo de ayudas económicas dirigido a los municipios. Esta iniciativa busca financiar la eliminación del amianto de diversas instalaciones, además de establecer un fondo específico para el inventario y la gestión de materiales que lo contengan, en coordinación con el Gobierno de España y dentro del marco de planificación nacional.

Entre las propuestas también se incluye el ofrecer asesoramiento técnico y respaldo logístico a los municipios, asegurando que el proceso de retirada del amianto se realice de manera segura y conforme a la legislación vigente. Esta proposición no de ley, presentada por el grupo del PAR, fue aprobada de manera unánime.

El diputado del Grupo Mixto, Alberto Izquierdo, ha expresado su desacuerdo con la exigencia de las autoridades aragonesas a los alcaldes, quienes, según él, se verán obligados a actuar como "policías gratuitos". Izquierdo ha calificado esta medida de "una idea Trump" y ha destacado que el coste de retirar un techo de amianto puede ascender a cientos de miles de euros, sugiriendo que se elabore un plan financiero que cubra al menos la mitad de estos costes mediante fondos autonómicos.

Por su parte, la parlamentaria del PP, Susana Cobos, criticó la falta de recursos que dejó el Gobierno saliente al asumir el poder. A pesar de la legislación de 2022 que obliga a los municipios a realizar un censo de instalaciones con amianto, Cobos ha subrayado que el Gobierno de España no ha destinado recursos para ello, obligando al Ejecutivo aragonés a asumir tareas de control. Mencionó que la elaboración de este censo en Aragón implicaría un gasto de 11 millones de euros y presentó un texto alternativo que fue finalmente acordado con la propuesta inicial del PAR.

En representación del PSOE, el diputado Darío Villagrasa defendió la necesidad de que el Ejecutivo aragonés tome un papel activo en esta cuestión, más allá de simplemente enviar una carta pidiendo a los municipios que realicen estas gestiones.

Desde Vox, Carmen Rouco destacó que la legislación actual exige la retirada del amianto antes de 2028. Instó a que se elabore de forma urgente un censo para planificar la retirada y apoyó la creación de una línea de ayudas orientadas a pequeños municipios, enfatizando que estos no podrían afrontar solos esta tarea.

El portavoz de Aragón-Teruel Existe, Tomás Guitarte, recordó que su grupo ya había defendido una iniciativa similar, solicitando un acuerdo con el Gobierno de España para que este asuma la responsabilidad en los municipios más pequeños. Guitarte advirtió sobre el carácter cancerígeno del amianto y la necesidad de que su eliminación sea llevada a cabo por personal especializado.

Por último, la diputada de CHA, Isabel Lasobras, calificó el problema del amianto como "real y urgente", lamentando que su eliminación se haya delegado a los municipios sin la asignación de recursos económicos para ello. Propuso desarrollar una estrategia que permita contratar empresas especializadas y que el Gobierno garantice que todos los ciudadanos reciban la atención necesaria en esta problemática.