El Gobierno de Aragón ha hecho un llamado al Ministerio de Sanidad para que se aborde con “seriedad” la necesaria reforma del Estatuto Marco del Sistema Nacional de Salud, una tarea que consideran de vital importancia. Esta postura fue expuesta por Jorge Emperador, secretario general técnico del Departamento de Sanidad, durante su participación en el Foro Marco del Diálogo Social, llevado a cabo en Madrid.

Desde el Gobierno aragonés, hay un apoyo claro a la reforma, pero enfatizan que debe realizarse de manera institucionalmente leal, con rigor y la seriedad que un cambio de esta magnitud requiere. Solo así se podrá establecer un marco normativo que beneficie tanto a las condiciones laborales de los trabajadores como a la modernización del sistema de salud, implementando estrategias innovadoras que respondan a las necesidades actuales.

Para lograrlo, el Gobierno exige que el Ministerio de Sanidad presente las memorias jurídicas, técnicas y económicas que sustentan estas propuestas. Además, destacan la necesidad de contar con un cronograma claro de trabajo, la financiación adecuada y el respeto a las competencias que cada comunidad autónoma posee.

El consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, José Luis Bancalero, ha señalado la urgencia de que esta reforma venga acompañada de una financiación apropiada. Según sus declaraciones, es fundamental abordar los desafíos que enfrenta la comunidad, garantizando que las propuestas se materialicen en mejoras reales para los profesionales de la salud y no queden sin efecto.

Bancalero también ha indicado que las quejas de los profesionales del sector se ven exacerbadas por la escasez de personal, un problema que atribuye a la falta de acción del Gobierno de España en la creación de las plazas necesarias. Critica a la ministra de Sanidad, Mónica García, por realizar propuestas que, en su opinión, invaden competencias autonómicas con el fin de desviar la atención de su propia inacción en otros ámbitos.

Finalmente, Bancalero ha solicitado que el futuro Estatuto Marco sea el resultado de un consenso real entre los profesionales del sector. Ha subrayado cuatro puntos clave que deben ser respetados: evitar la invasión de competencias autonómicas, garantizar seguridad jurídica, presentar un modelo organizativo claro con costos cuantificados y asegurar que estos costos cuenten con la financiación adecuada, así como considerar las particularidades de comunidades como Aragón, que enfrenta desafíos demográficos significativos.