El pasado 16 de enero, en Zaragoza, el diputado de Izquierda Unida Aragón, Álvaro Sanz, levantó la voz sobre el "triunfalismo" que, a su juicio, ha caracterizado la actitud del Partido Popular respecto a los datos del sistema de atención a la dependencia. Sanz denunció lo que considera una "bajísima intensidad" de las prestaciones proporcionadas, argumentando que éstas no satisfacen las necesidades reales de las personas dependientes. De esta forma, sugirió que el modelo actual está promoviendo un sistema de atención 'low cost', algo que el PP había criticado con anterioridad.

El parlamentario realizó estas afirmaciones en una rueda de prensa celebrada junto a Marga Deyá, responsable de Derechos Sociales y Feminismo de IU Aragón. Sanz instó a los miembros del Partido Popular a ir más allá de simplemente contabilizar a las personas atendidas y a presentar también datos que reflejen "la calidad de los servicios y sus cuantías". Esto, según él, es esencial para hacer una evaluación justa del sistema de atención a la dependencia.

Marga Deyá, interviniendo en la misma comparecencia, agregó críticas a lo que considera un aumento de las prestaciones que carece de verdadero compromiso. Aseguró que, aunque los números parecen favorables, estos están basados en prestaciones económicas, y no en la creación de una red de servicios adecuada que realmente responda a las necesidades de las personas dependientes. Subrayó que es fundamental que estas personas puedan permanecer en sus hogares con garantías, además de recibir el respaldo necesario para el cuidado familiar.

En su análisis, Deyá también apuntó que las ayudas económicas en el entorno familiar se sitúan entre 100 y 500 euros dependiendo del grado de dependencia. Sin embargo, destacó que la prestación promedio de cuidados del entorno familiar fue de tan solo 204 euros al mes en 2023, lo que está muy por debajo de la media de 240 euros en otras comunidades autónomas. Desde su perspectiva, esta cifra no refleja un aumento significativo en las ayudas a quienes más lo necesitan.

En relación a las prestaciones vinculadas a servicios, cuya cantidad era de 370 euros en el caso de las residencias, Deyá explicó que aunque esta es la que ha crecido más, en realidad este incremento se debe a que otras prestaciones, como la ayuda a domicilio, están siendo dirigidas hacia ella en lugar de ser otorgadas directamente. Deyá expresó su preocupación porque lo que se pretendía con la Ley de Dependencia era ofrecer un servicio adecuado, algo que se está desvirtuando en la práctica actual.

Además, la responsable de Derechos Sociales indicó que la ayuda a domicilio ha visto reducida su representación en el sistema, pasando de un 10,4% a un 9,4%. Este cambio ha conllevado una disminución en el acceso a este tipo de servicios que deberían favorecer a las personas que desean continuar viviendo en sus hogares, lo cual es uno de los principales objetivos de la ley. Deyá enfatizó que los solicitantes de este servicio están siendo redirigidos a prestaciones más económicas, lo que no responde realmente a sus necesidades.

Deyá también mencionó que el Departamento de Derechos Sociales se negó a aumentar las horas de servicio de ayuda a domicilio, a pesar de que Aragón tiene la media más baja de España en este aspecto, con apenas 12 horas mensuales. Aunque el argumento presentado fue la dificultad para contratar profesionales que presten el servicio, no se han implementado medidas para corregir esta deficiencia.

Otro aspecto que Deyá mencionó es el incremento en el uso de la teleasistencia, aunque reconoció que esta modalidad representa solo el 17% del total de prestaciones, a pesar de que debería ser compatible con otras formas de ayuda. También apuntó que la cantidad de plazas residenciales ha disminuido, alcanzando un escaso 6,8% del sistema, mientras que los centros de día sufren una caída en su utilización, representando apenas un 2,98% del total.

Ante esta situación, Álvaro Sanz exigió al Gobierno autónomo que "deje de escudarse" en la supuesta falta de apoyo del Gobierno central. Recordó que durante el mandato del PP en España, en 2013, se realizó una drástica reducción en la financiación destinada a la dependencia, con una disminución de 25 millones de euros, además de eliminar factores que afectaban de manera negativa a Aragón.

Por este motivo, Sanz hizo un llamado al Gobierno de Aragón para que cumpla con su responsabilidad y aproveche los 100 millones de euros destinados en el plan de choque del Ministerio, instando también a que realicen un análisis exhaustivo que evalúe la calidad de la atención a la dependencia en la comunidad.