El reciente encuentro de la Coordinadora de Izquierda Unida en Zaragoza ha puesto de manifiesto la creciente preocupación por la falta de acción del Gobierno de Aragón en materia de seguridad laboral y servicios públicos. Durante la reunión, se discutieron diversos asuntos que siguen sin atención, lo que provoca inquietud entre la población.

Álvaro Sanz, coordinador general de Izquierda Unida Aragón, no dudó en criticar la gestión del actual Ejecutivo liderado por Azcón, tildando su enfoque de "escaparate". Según Sanz, esta administración ha priorizado los intereses de las grandes multinacionales a costa de las verdaderas necesidades de los aragoneses, dejando a los problemas más urgentes en un segundo plano.

Al dirigirse a los medios, Sanz fue claro en su postura: el regreso del presidente tras las vacaciones ha estado marcado por la llegada de las grandes empresas, mientras que los asuntos cruciales de la comunidad siguen desatendidos. Se refirió en particular al alarmante índice de accidentes laborales y abogó por la creación inmediata de la figura del delegado territorial de prevención.” No podemos quedarnos esperando a que el diálogo social se convierta en un mero trámite inútil”, afirmó, enfatizando la falta de iniciativa del Gobierno para proteger a los trabajadores.

Además, criticó a un sector empresarial que, en su opinión, elude su responsabilidad en la protección de los derechos y la seguridad laboral. Por otro lado, Sanz no escatimó en críticas hacia la consejera de Políticas Sociales, Carmen Susín, a quien acusó de inacción ante la situación de los menores que llegan solos al país, adjetivando sus esfuerzos como “una chapuza”.

La coordinadora Políticas Sociales y Feminismo de IU, Marga Deyá, se unió a las críticas destacando el retroceso en los servicios públicos en el inicio del curso escolar. Deyá puso en evidencia el contraste entre los anuncios de inversión y la realidad de las aulas, donde se bloquean espacios y se recortan recursos. “Hay dinero, pero se destina a lo que no debería, mientras lo que realmente importa queda relegado”, subrayó con firmeza.

Asimismo, Deyá condenó el uso político que realiza el Gobierno del Plan Corresponsables, argumentando que el Ejecutivo ha cerrado 185 aulas de atención vespertina y ha trasladado el costo del servicio de madrugadores a las familias, afectando desproporcionadamente a aquellos con menos recursos. Lo que algunos llaman conciliación, en su opinión, es simplemente un acto de sabotaje a la política de bienestar familiar.

Por último, desde Izquierda Unida de Aragón instaron a Azcón a dejar de lado su estrategia de confrontación y centrarse en servir a la ciudadanía. “Hay recursos más que suficientes en nuestra comunidad para ofrecer servicios públicos de calidad. Lo que falta es una verdadera disposición política para hacerlo. Aragón demanda soluciones reales, no solo discursos vacíos”, concluyó la coordinadora.