En Zaragoza, el Gobierno local ha dado luz verde a las Ordenanzas Fiscales para el año 2026, optando por mantener estables diversos impuestos que afectan a sus ciudadanos. Entre las medidas más destacadas se encuentra la congelación del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) en el mínimo permitido, fijado en 0,4%. Esta decisión se complementa con una actualización de las tasas medioambientales conforme al Índice de Precios al Consumo (IPC), al tiempo que se preservan las condiciones favorables en términos fiscales que rigen desde hace años en relación a la Plusvalía Municipal, el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) y otros tributos.

Este enfoque reafirma la posición de Zaragoza como un modelo de baja presión fiscal en el panorama nacional, según el informe del Consejo General de Economistas. Su estudio revela que la recaudación por habitante en impuestos y tasas municipales ha decrecido en un 0,6% durante el último año, lo que respalda la política fiscal moderada adoptada por el Ayuntamiento.

Blanca Solans, consejera de Hacienda y Fondos Europeos, ha defendido la estrategia del Ayuntamiento como una forma de promover la libertad económica y estimular la creación de empleo en la región. Ella enfatiza el compromiso hacia una intervención fiscal mínima, diseñada para beneficiar a los zaragozanos y facilitar su bienestar.

Para ilustrar el impacto de esta estrategia, Solans explicó que, de haberse actualizado los impuestos locales según el IPC en los últimos dos años, la carga tributaria sobre los ciudadanos habría sido un total de 20,7 millones de euros más. Este ahorro es significativo para la economía familiar y local.

Del total de 42 ordenanzas fiscales, la reforma para 2026 introduce cambios en solo diez, en su mayoría para mejorar aspectos técnicos. Solo tres de estas enmiendas afectarán la recaudación fiscal, relacionadas con el incremento de las tasas medioambientales, que representan un 7% del total.

El nuevo Plan Fiscal de Atracción de Inversiones también presenta una innovación al limitar a 500.000 euros las bonificaciones en el ICIO para empresas que fomentan la riqueza y el empleo en Zaragoza. Esta medida busca incentivar a las empresas a contribuir al desarrollo económico más allá de los intereses personales.

Asimismo, se amplían las bonificaciones en el IBI para aquellos locales que se vean afectados por obras públicas. Este beneficio, que anteriormente se aplicaba a los comercios de proximidad, ahora se extiende también a bares, restaurantes y cafeterías, con bonificaciones que oscilan entre el 25% y el 95%, según el tiempo de duración de la obra.

El Ayuntamiento también ha decidido implementar una reducción del 50% en el ICIO destinado a comunidades de propietarios que necesiten realizar reformas en sus edificios, garantizando así la mejora del patrimonio colectivo de la ciudad.

En cuanto a las tasas medioambientales, estas se ajustarán un 2,8% para alinearse con el IPC, con el objetivo de asegurar la sostenibilidad de los servicios de residuos y del ciclo del agua. Este ajuste es clave para atender las normativas tanto españolas como europeas que demandan una gestión responsable.

En un hogar promedio de Zaragoza, este ajuste implicará un desembolso adicional anual de 8,41 euros, algo que, pese a ser un incremento, sigue considerándose razonable ante la necesidad de mantener la calidad de estos servicios esenciales.

El compromiso del Gobierno local con este tipo de inversiones es evidente, ya que en los últimos años ha canalizado un total de 29 millones de euros hacia la mejora de la red de abastecimiento de agua y otros 7 millones para optimizar la gestión de residuos.

Finalmente, se ha decidido mantener los precios de servicios públicos como las piscinas municipales y las escuelas infantiles, asegurando su accesibilidad. En las piscinas, se permitirá gestionar abonos de forma telemática, independientemente de los ingresos familiares, y se extenderá a más niveles de educación la tarifa gratuita en instalaciones deportivas.

Con la aprobación del proyecto de Ordenanzas Fiscales 2026, Zaragoza inicia un proceso administrativo que culminará a finales de diciembre. Los ciudadanos podrán participar en la discusión, con plazos establecidos para la presentación de votos y la consulta pública, antes de la aprobación final.