En Zaragoza, el 15 de septiembre, el grupo parlamentario de Vox se prepara para presentar una propuesta que busca que las Cortes de Aragón realicen un exhaustivo análisis sobre el gasto que la Administración de la Comunidad Autónoma destina a la inmigración ilegal, incluyendo tanto los gastos directos como indirectos que llevan a cabo los organismos autónomos y entidades del sector público aragonés.

La iniciativa contempla utilizar los mecanismos establecidos en la normativa relacionada con los organismos de control externo, específicamente la Cámara de Cuentas de Aragón y, cuando sea pertinente, el Tribunal de Cuentas. Esta medida busca garantizar una transparencia completa sobre el uso de los recursos públicos en este ámbito.

El portavoz de Vox en la Cámara autonómica, Alejandro Nolasco, ha enfatizado la importancia de que los ciudadanos conozcan con claridad a qué se destina el dinero que proviene de sus impuestos, manifestando que este derecho a la información es fundamental para todos los contribuyentes.

Nolasco ha denunciado que esta solicitud, que consideraría razonable y aceptada por la mayoría, se ve obstaculizada por la falta de transparencia de los políticos de los partidos tradicionales como PP y PSOE. Según su argumento, la opacidad en este asunto es inaceptable, especialmente en tiempos en que muchos jóvenes aragoneses enfrentan dificultades para acceder a la vivienda.

El portavoz de Vox ha destacado su preocupación por la situación en la que, por un lado, se están utilizando recursos para mantener a inmigrantes ilegales en alojamientos de lujo y, por otro, las dificultades que enfrentan los ciudadanos en el ámbito de la vivienda. También ha cuestionado el lucrativo rol de ciertas ONGs que operan en este sector, sugiriendo que se benefician del tráfico de personas.

En su declaración, Nolasco ha hecho hincapié en la necesidad de conocer también los costos asociados a la atención sanitaria, la educación y los sistemas de justicia, mencionando los gastos que incurre el Estado en procesos judiciales relacionados con esta materia, así como las diversas ayudas y subsidios que se otorgan a inmigrantes ilegales en Aragón.

El diputado ha indicado que todos estos gastos podrían sumarse a una cifra alarmante, especialmente dado que cada vez que solicitan información al Departamento de Bienestar Social, este elude proporcionar datos relevantes, lo que ha llevado a la conclusión de que hay algo que ocultar.

Según Nolasco, parece evidente que a las autoridades les resulta incómodo mostrar cómo se benefician quienes no han contribuido al sistema y, como resultado, evitan ofrecer información esencial para un adecuado control administrativo.

El portavoz de Vox ha calificado como una “falacia” la idea de que los inmigrantes ilegales contribuirán a financiar las pensiones, acusando a los partidos mayoritarios de utilizar esta narrativa para suavizar la crítica a la problemática real que enfrenta España con respecto a la inmigración ilegal.

Para cerrar su intervención, Nolasco cuestionó la falta de disposición de la consejera Carmen Susín para facilitar información sobre los costos que suponen para las arcas públicas los inmigrantes en situación irregular, instando a que se respeten los derechos de los ciudadanos en cuanto a la transparencia gubernamental.

Finalmente, recordó que, según el artículo 112 del Estatuto de Autonomía de Aragón, la Cámara de Cuentas está encargada de realizar auditorías sobre la gestión económica del sector público, y ha reafirmado que si todos los partidos confían en que los inmigrantes ilegales son una solución para el sistema de pensiones, no deberían oponerse a una fiscalización clara de su impacto económico en Aragón.