En Zaragoza, el 26 de mayo, la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha realizado declaraciones contundentes al señalar que la Administración central ha establecido un "precio" para los menores no acompañados que ingresan a España. Según ella, estos jóvenes están siendo utilizados como un "intercambio" para conseguir apoyo político en el Congreso de los Diputados.

Durante una conferencia de prensa, posterior a una sesión del Consejo de Gobierno, Vaquero calificó de "inaceptables" los comentarios emitidos por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, quien sugirió que las políticas adoptadas por el Gobierno de Aragón hacia estos menores "rozaban la crueldad".

Vaquero subrayó que la política del Gobierno de España es "cruel" hacia los menores, ya que antepone sus intereses políticos a la protección de estos niños. Agregó que la normativa de migración y la gestión fronteriza son competencias que no pueden ser delegadas, tal como establece la Constitución.

La vicepresidenta manifestó que el Ejecutivo aragonés "respeta las decisiones judiciales" y las necesidades de los ciudadanos de Aragón, al tiempo que criticó la "deslealtad" del Gobierno central e indicó que el Real Decreto Ley sobre la distribución de menores es, en su opinión, inconstitucional.

Vaquero insistió en que el Gobierno de Jorge Azcón siempre ha demostrado solidaridad para proteger a los menores. Además, solicitó a Saiz que visite Aragón para observar la situación en que se encuentra la atención a estos jóvenes, destacando que el Ayuntamiento de Zaragoza tiene que asumir el cuidado de 40 menores a pesar de que cuentan con protección internacional reconocida.

Para la vicepresidenta, el "fracaso" de la política migratoria del Gobierno español ha llevado a una falta de respeto a los principios constitucionales, reflejándose en los criterios de reparto de menores, que se alinean con lo dictado por su socios independentistas.

El Gobierno de Aragón está dispuesto a proporcionar la información necesaria sobre los menores no acompañados bajo su protección, en caso de que lo solicite la justicia. "Sería conveniente que la ministra respondiera al Tribunal Supremo, el cual le ha exigido aclarar sus planes con más de mil menores no acompañados en Canarias", apuntó la vicepresidenta, cuestionando igualmente la falta de respuesta de Saiz a las disposiciones del Consejo de Transparencia que solicitan claridad en los procedimientos de traslado y distribución de estos menores.

Vaquero también comentó que el Gobierno de España debería mostrar la misma lealtad que se evidencia en la gestión del Gobierno de Aragón, en un contexto donde se alega que su administración protege los intereses de todos los aragoneses y busca igualdad con otras comunidades.

En cuanto al Plan Corresponsables, la vicepresidenta expresó su preocupación por el recorte del 25% del presupuesto asignado, financiado por el Gobierno central, indicando que tal reducción afectará gravemente la capacidad del ejecutivo aragonés para responder a necesidades sociales, comprometiendo las políticas de igualdad y atención a la infancia.

Vaquero hizo hincapié en que esta decisión se tomó de forma unilateral por parte del Gobierno de España, logrando el rechazo de muchas comunidades en la Conferencia Sectorial, y acusó a la Administración de Pedro Sánchez de debilitar los principios de cogobernanza y colaboración institucional.

Finalmente, concluyó señalando que el Gobierno de España "se encuentra en un estado crítico", envuelto en múltiples escándalos de corrupción institucional, que ya no se consideran meras excepciones, y que, a su juicio, sigue una política de confrontación.