El trabajo en el ámbito doméstico ha visto un preocupante aumento en la economía sumergida debido a condiciones laborales deficientes, advirtiendo así sobre la explotación en este sector.

ZARAGOZA, 16 de octubre.

La Unión General de Trabajadores (UGT) en Aragón ha expresado su alarma ante el notable aumento de casos de explotación laboral en la comunidad, con 85 incidencias registradas desde el inicio del año, lo que representa una subida de 37 casos en comparación con el año anterior. La mayor parte de estos trabajos se concentra en el ámbito doméstico y de cuidados.

Este hallazgo se detalla en el reciente informe titulado 'Explotación laboral en Aragón', presentado el jueves por Pura Huerta, secretaria de Formación y Empleo de UGT Aragón, y Antonio Ranera, responsable del Departamento de Migraciones de dicho sindicato. El perfil más común de las víctimas se describe como una mujer joven, originaria de países americanos y que se encuentra en situación irregular en España, frecuentemente aceptando empleos en el hogar sin contrato y asumiendo también tareas de cuidado.

Ranera explica que esta precariedad laboral se manifiesta a través de jornadas que superan lo acordado y lo estipulado en convenios, la falta de medidas de seguridad laboral, el pago tardío de salarios que suelen ser inferiores a los obligatorios, y en ocasiones, experiencias de tratos humillantes e incluso agresiones físicas.

Este patrón se repite cada año, lamenta el portavoz de Migraciones de UGT, en un contexto global donde la explotación laboral está en aumento, con aproximadamente 50 millones de personas padeciendo trabajo forzado o matrimonios no consensuados en 2023, de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Además, se estima un incremento del 41% en las víctimas de trata en 2022 en la Unión Europea y un alarmante aumento del 300% en la explotación laboral identificada en España entre 2019 y 2023, según el Ministerio del Interior.

El aumento de estos casos, señala Ranera, se debe en gran parte a la reforma del Reglamento de Extranjería, que acorta el tiempo para regularizar la situación migratoria de tres a dos años, así como al incremento de flujos migratorios, que facilitan la llegada de más personas inmigrantes a Aragón.

Desde la perspectiva de UGT Aragón, las raíces de esta problemática se encuentran en la creciente desigualdad social en España, la irregularidad administrativa que conduce a la explotación laboral, la falta de recursos de apoyo para las víctimas, la ineficacia de las políticas para el cuidado de personas dependientes y el alto costo y falta de accesibilidad a la vivienda.

Este cúmulo de factores, critica Ranera, lleva a muchas personas a aceptar cualquier oferta laboral, sin importar las condiciones. El fenómeno se desarrolla en la oscuridad, ya que muchas víctimas prefieren no denunciar por temor a represalias o por desconocimiento sobre cómo proceder, lo que perpetúa su situación vulnerable.

Un caso representativo fue compartido por una mujer en situación irregular, procedente de América Latina, quien tras aceptar un trabajo doméstico sin contrato que incluía el cuidado de una persona mayor, cayó enferma. Su deteriorada situación la llevó a buscar asesoría y, finalmente, a denunciar a su empleador.

“He estado ocho meses sin trabajo. Parece que al poner la denuncia, me autoimpuse una etiqueta que me impidió conseguir empleo. Nunca había estado tanto tiempo sin trabajar”, confesó.

Ranera hizo un llamado urgente para abordar esta situación: “Una persona que presenta una denuncia por explotación laboral ante la Inspección de Trabajo pierde su empleo y su única fuente de ingresos. El proceso para recibir respuesta puede ser muy largo, afectando sus oportunidades de regularización migratoria.”

Este testimonio coincide con la tendencia identificada en el informe, donde se señala que el 45% de las víctimas tiene menos de 35 años y que la mayoría se encuentra en el sector del empleo doméstico. Otros sectores como la hostelería, el transporte y la reforma de viviendas también presentan casos significativos, aunque siguen siendo menores que en el ámbito doméstico.

La preocupación del sindicato se centra en el empleo doméstico y en el sector de los cuidados, resaltando el “fracaso” de las políticas sociales en España, que solo asignan un 0,8% del PIB a la atención de personas dependientes, muy por debajo de la media de la Unión Europea. Ranera vincula esta situación con el hecho de que España representa el 34% del empleo doméstico en toda la UE.

Ranera sostiene que el déficit en políticas de atención a personas mayores se mitiga en España mediante un modelo insostenible de empleo doméstico que no permite la negociación adecuada, en lugar de ser abordado a través de sistemas públicos con empresas de mayor tamaño y empleados cualificados.

Las víctimas, según el informe, suelen ser captadas mediante referencias de amigos y familiares o a través de anuncios en línea.

En este contexto, la última reforma de la legislación laboral en el ámbito doméstico ha sido “distorsionada”, según UGT Aragón, debido a las presiones que enfrenta la familia promedio en cuanto a costos laborales, además de la desigualdad que mustra a las políticas de cuidados como el sector más vulnerable, generando una “paradoja” donde se requiere más cuidado pero disminuyen las horas de trabajo reconocidas y las afiliaciones laborales.

“A medida que mejoran las condiciones laborales en el sector doméstico, y se aumenta el Salario Mínimo Interprofesional, se observa un aumento en la economía sumergida, donde jornadas parciales encubren cargas laborales completas,” critica Ranera.

Pura Huerta, secretaria de Formación y Empleo de UGT Aragón, apunta a que las personas en situación regular tienden a buscar mejores empleos, lo que también contribuye a la falta de trabajadores en el sector doméstico, al mismo tiempo que los salarios de la clase trabajadora y media no se incrementan al ritmo del SMI.

Por ende, UGT Aragón ha demandado la creación de una mesa de trabajo permanente para abordar la explotación laboral, que evalúe los recursos disponibles y desarrolle un plan de capacitación para confrontar este problema, incluyendo a sectores como salud y servicios sociales que tienen la capacidad de detectar estas situaciones.