El Ejecutivo aragonés ha decidido no participar en la cofinanciación del Plan Corresponsables al sostener que esta práctica no había sido una norma previa en su implementación.

En una reciente comunicación, la consejera de Educación, Cultura y Deporte de la región, Tomasa Hernández, ha instado a la ministra Pilar Alegría, responsable del Ministerio de Educación, a mediar con el Ministerio de Igualdad para revertir un recorte del 25% en los fondos destinados a dicho plan o bien que el ministerio aporte esa cantidad.

Hernández ha subrayado que la decisión del Ministerio de Igualdad de exigir a las comunidades autónomas una contribución del 25% para el financiamiento del Plan Corresponsables es inapropiada, dado que este ministerio ya cuenta con un presupuesto completo para el plan.

Desde el gobierno de Aragón, se argumenta que esta exigencia coarta la capacidad de las autonomías, ya que muchos de ellos ya habían comprometido sus recursos para otras iniciativas que buscan facilitar la conciliación laboral y familiar.

La consejera ha enfatizado que el Gobierno de Azcón no está introduciendo un copago en la educación en Aragón y ha responsabilizado directamente al Ministerio de Igualdad por el hecho de que las familias deban asumir una parte del costo, dado que el ministerio ha impuesto esta cofinanciación obligatoria.

Además, ha señalado que el Ministerio de Igualdad posee un presupuesto completo para el Plan Corresponsables, pero no ha aclarado cómo se utilizarán esos fondos, lo que genera inquietud sobre la transparencia en el gasto público.

Hernández agregó que, según la ministra, el dinero permanecería en el ministerio, lo que plantea interrogantes sobre el verdadero interés del ministerio en la conciliación familiar, insistiendo en que esos fondos deben ser usados completamente para su propósito original y en respeto a las comunidades autónomas.

La consejera ha criticado al ministerio por su actuación unidireccional y por la imposición de la cofinanciación en un momento tan avanzado del año presupuestario, cuando ya se habían comprometido muchos recursos para la conciliación en la comunidad.

“No se trata de una negativa a contribuir, sino de una imposición por parte del ministerio de esta cofinanciación, algo que nunca ha sido exigido antes”, subrayó.

Hernández también expresó que las escuelas rurales no se verán afectadas negativamente, ya que recibirán una compensación adicional y ningún alumno enfrentará costos desmedidos debido a este programa.

Finalmente, recordó que la responsabilidad de la conciliación es compartida entre el ministerio y las comunidades, y si el Ministerio de Igualdad lo comprendiera de esta manera, no debería haber asumido al inicio del programa la financiación total.