La consejera de Bienestar Social y Familia de Aragón, Carmen Susín, ha reafirmado que la administración autonómica impugnará todos los actos que provengan del decreto sobre la distribución de menores migrantes, al considerarlo en contra de la Constitución.

Durante una visita al Centro Especial CEDES de Zaragoza, Susín argumentó que dicho decreto vulnera el principio de igualdad entre los ciudadanos españoles y afecta competencias autonómicas. "Es nuestro deber defender el Estatuto de Autonomía y nuestras competencias exclusivas", afirmó con firmeza.

La consejera no dudó en criticar al gobierno central, sugiriendo que este está actuando bajo la influencia de figuras controversiales, como el expresidente catalán Carles Puigdemont. Ha denunciado que la injerencia de partidos como Bildu o Junts en las políticas migratorias es inaceptable: "No permitiremos que una agrupación que manifiesta posturas racistas y xenófobas decida sobre los asuntos de Aragón", subrayó.

Sobre las recientes críticas de la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, quien acusó al gobierno del PP en Aragón de estar alineado con VOX por no proporcionar datos sobre los menores atendidos, Susín ha respondido que debería reflexionar al respecto, enfatizando que su administración tiene motivos válidos para no revelar esa información.

En relación a la aceptación del recurso del Gobierno de Aragón por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid sobre la obligación de reportar el número de menores atendidos, la consejera se mostró prudente, afirmando que esperan la decisión del tribunal: "Respetamos su trabajo y sus resoluciones", declaró.

Susín insistió en que la negativa a compartir información no se debe a una falta de datos, sino a un principio fundamental: "Lo que deseamos para los niños españoles en el sistema de protección debe ser lo mismo para todos los menores", concluyó.

Cuando se le cuestionó nuevamente sobre la cantidad de menores acogidos en Aragón, Susín reiteró que no se trata de una simple cuestión de cifras.

Al respecto de que otras comunidades, incluso las gobernadas por su mismo partido, hayan proporcionado esos datos, la consejera defendió que "Aragón debe proteger su autonomía", sosteniendo que esta es precisamente la postura que está adoptando su gobierno. "No tengo nada que opinar sobre lo que hagan los demás", sentenció.

Además, Susín interpretó como una "amenaza" los comentarios de la ministra de Infancia, quien advirtió que podrían utilizar información de 2023, la cual no se encuentra certificada, sugiriendo que esto también podría ser objeto de impugnación administrativa.

Por último, la consejera criticó las declaraciones de Fernando Beltrán, el delegado del Gobierno en Aragón, quien afirmó que la respuesta del ejecutivo regional es una falta de solidaridad tanto con los menores como con otras comunidades. Susín respondió que Beltrán está evidenciando un enfoque deficiente hacia la atención de menores, sugiriendo que con un presupuesto de 3 millones de euros no se puede ofrecer el nivel adecuado de atención necesario.

Asimismo, recomendó a Beltrán que supervise más de cerca los contratos del Gobierno con ciertas organizaciones no gubernamentales, que están gestionando la llegada de adultos a la península, afirmando que "debería concentrarse en lo que sucede en ese ámbito".