ZARAGOZA, 25 Abr. - La consejera de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Carmen Susín, ha subrayado la inconstitucionalidad del actual sistema de distribución de menores inmigrantes, el cual considera que socava el principio de igualdad y se implementa bajo el mandato de una comunidad autónoma. Susín ha afirmado que su administración continuará defendiendo que este enfoque vulnera las competencias autonómicas y diversas normativas.

Esta declaración surge como respuesta a las afirmaciones desde la Abogacía del Estado, las cuales insinúan que el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Ejecutivo aragonés podría ser desestimado. La consejera ha recordado que la Abogacía tiene un plazo de diez días para presentar su contestación, sugiriendo que su solicitud de no admitir el recurso era esperada y ha aclarado que dicho tiempo estaba relacionado con medidas cautelares.

Además, ha relevado que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha solicitado al Gobierno de España todos los documentos vinculados al Real Decreto que regula la distribución de los menores, lo que indica un interés por parte del Tribunal en evaluar los informes de la Abogacía del Estado utilizados para precisamente respaldar este decreto, que ya ha sido cuestionado por otras comunidades, como Castilla-La Mancha.

Respecto a la postura del Gobierno de Castilla-La Mancha, Susín ha resaltado su rechazo al Real Decreto, argumentando que este atenta contra la igualdad, invade competencias autonómicas y afecta tanto los derechos de la infancia como los de los migrantes.

La consejera también ha enfatizado el compromiso del Gobierno de Aragón de acatar las leyes y respetar las decisiones de los tribunales, instando a la espera de una resolución sobre el asunto antes de emitir juicios de valor.

Las declaraciones de Carmen Susín se produjeron en el marco de la inauguración del I Congreso de Familias de Aragón, que se celebró este viernes en la sede de la Fundación Caja Rural de Aragón.