El 10 de julio en Zaragoza, Leticia Soria, parlamentaria del PSOE en Aragón, ha acusado al Gobierno regional, liderado por Jorge Azcón, de tomar decisiones que, según ella, llevan al desmantelamiento de las oficinas del INAEM. A partir del próximo lunes, el personal dedicado al servicio de orientación laboral en estas oficinas se verá reducido en 66 trabajadores.

Soria ha alertado sobre la falta de comunicación y planificación por parte del Gobierno de Azcón, subrayando que a pesar de estar al tanto de la finalización de los contratos, no han presentado un plan claro para garantizar la atención adecuada a las personas que requieren este servicio esencial. En respuesta a esta situación, Soria ha presentado una pregunta formal al Ejecutivo autonómico, mostrando su preocupación por el posible deterioro de un servicio que es crítico para muchos ciudadanos.

La diputada también ha criticado lo que considera la incapacidad de la administración actual para gestionar adecuadamente los recursos disponibles. Según sus declaraciones, el Gobierno de Pedro Sánchez ha incrementado en más de un 65% los fondos destinados a políticas de empleo en Aragón, puesto que la asignación ha pasado de 52 millones de euros en 2017 a más de 87 millones acordados recientemente.

Además, Soria ha destacado que los fondos ordinarios para estas políticas han ido aumentando año tras año, alcanzando hoy cifras superiores a los 65 millones de euros. "Nunca antes en la historia reciente de Aragón se contó con tantos recursos para fomentar el empleo", ha afirmado, planteándose la pregunta de cómo se están utilizando efectivamente estos fondos.

La parlamentaria ha enfatizado la carencia de previsión por parte del Gobierno regional, insistiendo en que eran plenamente conscientes de que los fondos destinados a estos programas eran temporales y con un calendario de ejecución limitado. Recordó que el programa de tutores fue posible gracias a una inyección extraordinaria de más de 45 millones de euros provenientes de los fondos europeos de recuperación en los últimos dos años.

En sus declaraciones, Soria manifestó su indignación, calificando como un acto de deslealtad institucional que el Gobierno de Aragón aceptara estos fondos para luego no tener un plan claro para el futuro del programa una vez finalizado. "Es una falta de respeto hacia los ciudadanos que se beneficiaron de este programa y ahora se queden sin respuestas", agregó.

Por último, la diputada instó al Gobierno autonómico a mantener estos puestos de trabajo, que desempeñan un papel vital en la búsqueda de empleo para los ciudadanos. "La decisión de finalizar estos 66 contratos es una elección política que debería explicarse a aquellos que están buscando trabajo en Aragón", concluyó.