ZARAGOZA, 23 de octubre.

En una reciente rueda de prensa, el diputado del Partido Popular en el Congreso, Luis María Beamonte, ha expresado su preocupación por las "consecuencias devastadoras" que la Ley de Movilidad Sostenible tendrá en Aragón, con especial énfasis en el posible "aislamiento" de muchos municipios. Según sus estimaciones, hasta 151 localidades, que albergan a 134.000 ciudadanos, perderán sus paradas de autobús, afectando a unos 25.000 viajeros anualmente en la comunidad autónoma.

Beamonte ha criticado duramente la presentación que el Gobierno de España hace de la Ley de Movilidad Sostenible como "moderna y ecológica", argumentando que en realidad es "ideologizada, centralista e injusta". Ha destacado que el artículo 49 de la ley no obliga a las empresas de transporte a mantener las paradas actuales, dejándolo a su propia decisión, además de favorecer un estigma hacia el uso del vehículo privado.

Consecuentemente, el Grupo Parlamentario Popular ha realizado enmiendas sustanciales a la ley en el Congreso, pues, según Beamonte, "el texto original no resolvía los problemas reales del sistema de transporte" y fue tramitado con urgencia, sin diálogo ni consenso previo. Además, ha señalado que esta legislación limita aún más la movilidad en las áreas rurales de España.

Este diputado considera que la normativa representa una "imposición" del Gobierno, diseñada para "contentar" a sus socios políticos, dado que el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha admitido que "ni siquiera era su propuesta".

Beamonte ha calificado el nuevo mapa concesional de transporte de "absoluto fracaso", estimando que tres millones de españoles perderán su único acceso al transporte público. Ha enfatizado que la nueva ley eliminaría tres de cada cuatro paradas de autobús, reduciendo el número total de 1.912 a solo 495, y disminuyendo las rutas de 966 a 510, así como los contratos de 79 a 22.

El parlamentario también ha alertado sobre cómo esta situación fomentará más desigualdad, subrayando que el impacto de la ley en Aragón es "devastador". Más de 134.000 aragoneses se verían privados de utilizar este servicio, lo que se traduce en aproximadamente 25.000 pasajeros al año.

En términos de distribución provincial, Beamonte ha ofrecido datos sobre cómo esta problemática afecta a diferentes localidades: en Zaragoza, más de 74.000 personas de 39 municipios perderán acceso al servicio, afectando a pequeños y grandes núcleos, incluyendo a cerca de 2.500 viajeros de lugares como Cuarte de Huerva o Alagón. En Huesca, serán 50 municipios y 26.500 habitantes afectados, mientras que en Teruel hay 62 localidades en riesgo, con casi 34.000 personas sin paradas de autobús.

En estas áreas, donde el autobús representa la única opción de transporte, Beamonte ha subrayado la crítica situación que enfrentarán las personas mayores y dependientes, complicando su acceso a atención médica y oportunidades laborales o educativas.

El PP ha presentado un total de 95 enmiendas a la ley para salvaguardar paradas, horarios y frecuencias actuales, asegurando que "ningún pueblo se quede sin autobús por decisiones económicas". Beamonte también destacó la necesidad de una financiación total estatal para las paradas eliminadas por causas técnicas, en contraposición a la oferta del Gobierno, que solo haría cargo de parte de los costos durante dos años.

Asimismo, el PP propone un plan de convergencia que destine recursos de los presupuestos generales a provincias con escasas infraestructuras, como Teruel, para modernizar carreteras y servicios de transporte, y fomentar la renovación del parque automovilístico sin estigmatizarlo.

Beamonte ha declarado que esta ley "divide a España" entre aquellos con acceso al transporte y los que no, creando un abismo entre las grandes ciudades y los pequeños municipios. Ha señalado que el PSOE presume de cohesión, mientras que, en la práctica, desconecta el medio rural mediante esta normativa.

Además, ha expresado su descontento ante la postura de Vox, que no apoya las enmiendas del PP ni ha propuesto alternativas. Criticó al diputado de CHA, Jorge Pueyo, quien ha afirmado que la financiación del Estado será plena, una afirmación que Beamonte considera "florituras gratuitas", ya que no se encuentra respaldada en la legislación.

Ante este panorama, el Partido Popular continuará luchando en el Senado para modificar la ley, defendiendo la movilidad como un derecho fundamental de todos los españoles. Beamonte también ha resaltado que el Gobierno de Aragón está tomando medidas para mejorar la situación, con un nuevo mapa de transporte que refuerza el derecho a la movilidad, incorporando más rutas y buses accesibles.

Finalmente, el presidente del PP-Zaragoza, Ramón Celma, ha cuestionado la efectividad de tener a una ministra zaragozana en el Gobierno, argumentando que Pilar Alegría no ha defendido adecuadamente los intereses de Aragón frente a los recortes que afectan a los servicios esenciales en la provincia.